Rastreo bancario para averiguar el destino de «sobrecomisiones»

Sevilla- El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga el caso de los ERE fraudulentos sigue adelante con la indagación de cuentas y rastros bancarios para determinar por dónde se movió el dinero irregular de la trama. En un auto fechado el nueve de octubre y notificado el lunes, pide a las entidades que proporcionen información sobre números de cuenta o titularidad de cheques presentados al cobro «con el fin de ahondar en los indicios sobre la utilización de empresas pantalla (...) con el fin de introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas suscritas con financiación de la Junta de Andalucía».

El auto, al que ha accedido este periódico, lo firma Iván Escalera. El magistrado sustituye a la juez titular, Mercedes Alaya, que lleva un mes de baja al estar aquejada de fuertes cefaleas. Aunque el caso se mantiene en un «impasse», Escalera responde al oficio recibido el 21 de septiembre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para profundizar en la utilización de la figura de las empresas pantalla y que el caso no se quede del todo estancado.

Solicita el Juzgado a las entidades bancarias y a sus asesorías jurídicas que informen sobre «fecha de apertura, titularidad y autorizados (actuales o que lo hayan sido), en relación a los productos indicados, debiendo facilitar el listado de los movimientos bancarios habidos por cada producto y en el periodo señalado».

El fin último es averiguar «el destino final y real de las ayudas concedidas, aclarar los verdaderos beneficiarios de las mismas, los mecanismos utilizados para su adjudicación, esclarecer el papel desempeñado y las cantidades económicas percibidas por diferentes conceptos (servicios profesionales, comisiones) por las operaciones comerciales, entre las diferentes empresas tramitadoras de expedientes (mediadora, aseguradoras, despachos profesionales y personas físicas o jurídicas)». La información «deberá ser facilitada en archivo informático y directamente» a la UCO.

En la década en la que se extienden las irregularidades de los ERE y que investiga el citado juzgado, la Junta operó casi en exclusiva con dos empresas comisionistas o mediadoras, Uniter y Vitalia, que cobraron porcentajes que superaron en algunos casos el 25 por ciento.