La Junta doble presión con el FLA: el Gobierno y su socio del bipartito

SEVILLa- Uno de los debates principales ayer en la Cámara autonómica se centraba, sobre el papel, en las consecuencias para Andalucía del modelo de financiación acordado en 2009. Sin embargo, acabó derivando en el principal asunto que tiene en este momento encima de la mesa la comunidad: la urgencia de crédito, por lo que ya baraja pedir al Gobierno central 4.906 millones de euros.

El cauce hacia este asunto comenzó desviándolo el portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, quien le reclamó a la titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que a la Junta le resulta «fácil pedir el dinero, pero se niega a aclarar en qué se lo gastan». «Es una falta de coherencia decir que tenemos una situación envidiable y pedir un rescate al Gobierno central de 4.906 millones».

Aguayo recogió el guante. Rescate es un término tabú en el Ejecutivo autonómico. Hace dos semanas, en el último Pleno parlamentario, el presidente Griñán le recordó a Zoido que desde el Gobierno central le pedían que no hablara de rescate para referirse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) porque no era tal. La titular de Hacienda incidió en este punto. «Hace un flaco favor diciendo que es un rescate», le espetó a Rojas, recordando, al paso, declaraciones de dirigentes del Partido Popular sobre el FLA como un fondo nada extraordinario. Entre ellas, las del ministro de Economía Luis de Guindos: «Se trata de un instrumento más de apoyo a la liquidez». No obstante, Aguayo reconoció que el documento enviado por el Gobierno a Andalucía, en la tarde noche del lunes, con las condiciones para poder optar al fondo, tiene «luces y sombras».

Las sombras claramente se enmarcan en los condicionamientos, que los hay y severos, que exigirá el Ejecutivo central a las comunidades que reciban el dinero. Aunque la letra pequeña aflorará probablemente en la Conferencia de Presidentes del próximo 2 de octubre, basta con echar un vistazo al decreto-ley que regula el FLA y al programa para la aplicación del mecanismo de apoyo a la liquidez de las comunidades, para constatar las duras contraprestaciones que exige el Gobierno. Las comunidades están obligadas a presentar en 15 días un plan de ajuste, el cumplimiento de déficit es inapelable, pese a que la Junta no ha dejado claro que vaya a cumplir el objetivo de 2012 –cifrado en el 1,5 por ciento– y ha reconocido serias dificultades para ajustarse al estricto 0,7 por ciento del año próximo. Se exigen, asimismo, ahorros en servicios básicos como sanidad, educación, líneas rojas que no quiere traspasar la Junta y menos su socio del bipartito, Izquierda Unida, que ya ha avisado de que, después del plan que entrañó la bajada de sueldo a funcionarios, no admite más recortes. IU, de hecho, está ya intentando marcar el camino a la Junta. El vicepresidente andaluz, Diego Valderas, insistió ayer en que el FLA «no debe tener condiciones». «Andalucía ya está haciendo un sacrificio muy por encima de sus posibilidades». El portavoz parlamentario de esta formación, José Antonio Castro, apuntó en la misma línea. Es «importantísimo», argumentó, que Andalucía conozca «todas las condiciones del fondo». Lo que la comunidad necesita es «liquidez y no que se liquide su autonomía», recoge Europa Press.

También la poda en gasto corriente es una exigencia por parte del Gobierno para acogerse al FLA. En este sentido, Carlos Rojas instó ayer al «gobierno social comunista» a que explique por qué tiene «una estructura tan grande», por qué «rehuye tocar la administración paralela».