La Ley de Economía Sostenible mejora el sector del motor

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró que se trata de una Ley de "extraordinaria importancia"porque impulsará la competitividad de la economía y "corta barreras".
 
Según Salgado además de modificar los órganos reguladores de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), favorece una economía más innovadora y medioambiental.

Asimismo, contempla que los distribuidores de automóviles puedan devolver los vehículos a los fabricantes al precio al que los adquirieron en caso de que no sean vendidos durante los dos meses siguientes a su compra al proveedor.

Otro punto importante se refiere a las plantas fotovoltaicas ya que eleva de 28 a 30 años el período de retribución de estas instalaciones y que sus titulares pueden acceder a las líneas de liquidez del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a los recortes.

Vehículos
La enmienda sobre la regulación del contrato de distribución de vehículos fue aprobada por 174 votos a favor y 171 en contra y permitirá evitar situaciones contractuales de abuso por parte de los fabricantes de automóviles hacia los concesionarios distribuidores.

La norma asegura que cuando el proveedor exija al distribuidor una compra mínima para disponer de stock, el distribuidor podrá devolverle los productos suministrados y no pedidos por clientes una vez transcurran 60 días desde su adquisición al mismo precio que fueron comprados.

"El proveedor estará obligado a recomprar al distribuidor los productos devueltos en las mismas condiciones en que se compraron". señala el texto de la nueva Ley.
 
El objetivo es, además de evitar contratos abusivos, promover la seguridad jurídica de los operadores económicos en el mercado de distribución de bienes y servicios, con especial atención a la protección de las PYMES.
 
La LES también incluye reformar el punto 4 del Real Decreto Ley de medidas urgentes para reducir los costes del sistema eléctrico y que en su redacción inicial permitía al Gobierno modificar con otra normativa la limitación de las horas de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas.