El Govern se suma a los insumisos y recurrirá al TC

BARCELONA – Semana tras semana, la Generalitat va dibujando el retrato de un Gobierno que se niega a dar acomodo a las nacionalidades históricas como Cataluña y que no respeta el autogobierno de las comunidades. Ayer, la Generalitat se esforzó especialmente en repasar las líneas de este retrato, acusando al Gobierno de invadir un sinfín de competencias autonómicas y anunciando un rosario de medidas para plantar cara a lo que los nacionalistas catalanes llaman una «ofensiva recentralizadora» del Estado.

El Gobierno de Artur Mas aprobó en su reunión semanal un paquete de iniciativas para defender el marco de autogobierno de la Generalitat y, sobre todo, para demostrar que no se piensa quedar de «brazos cruzados». En suma, un ejercicio de gesticulación que, probablemente, sólo servirá para incrementar la tensión entre Gobierno y Generalitat.

Para comenzar, la Generalitat llevará al Consejo de Garantías Estatutarias –su órgano jurídico-asesor de referencia– los reales decretos del Gobierno que deben permitir un ahorro global de 10.000 millones de euros en educación y sanidad. Se trata del primer paso antes de interponer un recurso de inconstitucionalidad que el Govern da prácticamente por hecho.
No es el único frente que Mas quiere dirimir ante el Tribunal Constitucional. También quiere llevar ante el Alto Tribunal todas aquellas iniciativas que el Consejo de Garantías Estatutarias considere que no se adaptan a la Carta Magna.

La Generalitat, además, encargará al Institut d'Estudis Autonòmics que analice las duplicidades administrativas que provienen del Estado por culpa de su «estrucutra claramente sobredimensionada en competencias ya transferidas como Educación, Cultura, Sanidad, Servicios Sociales o Vivienda». De hecho, sugiere que el Gobierno suprima varios ministerios.
El PP catalán acusó al gobierno de Mas de estar instalado en una «ficción delirante» porque «nadie ataca a Cataluña».

Cataluña quiere fiscalizar las inversiones en el resto de España
Cataluña quiere fiscalizar las inversiones que el Gobierno central lleve a cabo en toda España. Con esta finalidad, pretende impulsar un acuerdo parlamentario para reclamar al Ejecutivo español que cualquier inversión en infraestructuras incorpore un «riguroso» estudio sobre el coste de los proyectos y los retornos, con la finalidad de evitar inversiones ineficientes. En el plan para proteger al autogobierno aprobado ayer también sobresalen medidas como encargar un informe al Instituto de Estudios Autonómicos para analizar las «duplicidades administrativas»: o sea, estructuras que mantiene el Estado sobre ámbitos de competencia autonómica, como educación, cultura, vivienda y sanidad. Además, ante la modificación que ha aprobado el Gobierno y que afecta a las televisiones autonómicas, la Generalitat ya ha dicho que se opone a una eventual privatización de la gestión de TV3, y ha indicado que esta norma es otra «invasión» a las competencias catalanas. «TV3 y Catalunya Radio son líneas rojas, intocables, y el Govern no permitirá que con la excusa de la crisis se trate de interferir desde Madrid», recalcó el portavoz del Govern, Francesc Homs.