El PSOE incumplió en 2004 su acuerdo de pagar el aumento de población a Murcia

Este aspecto ha enfrascado a populares y socialistas murcianos en un cruce de declaraciones sobre la posibilidad de que la autorización se lleve a cabo. De esta manera, desde el Partido Popular, el portavoz de la formación, Jose Antonio Ruiz Vivo; el portavoz de la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz y la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, se pronunciaron ayer en la misma línea.

Es decir, no contemplan que la reunión del miércoles se dilucide sin que a la Región se le reconozca su derecho a endeudarse por valor de quinientos millones. Al respecto, Juan Carlos Ruiz apuntó que «no existe un criterio objetivo para no conceder dicho endeudamiento». A modo de ejemplo, apostilló que Murcia es la cuarta comunidad menos endeudada y registra un 7,4 por ciento de déficit con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), mientras que otras regiones con deudas mucho mayores han obtenido el permiso para emitir deuda. Es el caso de Cataluña (15,4 por ciento de deuda con respecto a su PIB), Baleares (15,2), Castilla-La Mancha (15,1) y la Comunidad Valenciana (16).

Por tanto, lo que Murcia exige es recibir el mismo trato que otras comunidades con márgenes deficitarios ostensiblemente superiores a los de la Región. Por esto, el encuentro de mañana se espera en el seno del PP murciano que se traduzca en el permiso para emitir deuda por valor de 500 millones. No obstante, Ruiz afirmó que también van a solicitar el pago de 211 millones en concepto del Fondo de Competitividad, si bien es cierto que el abono de esta cantidad pertenece única y exclusivamente al ámbito del Gobierno central y que, hasta el momento, ninguna comunidad ha percibido su cantidad correspondiente.

Por su parte, desde el PSRM la candidata a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui y el viceportavoz del Grupo Parlamentario, Francisco Oñate, señalaron que la decisión del CPFF se basará meramente en criterios técnicos y dejando al margen cualquier connotación política. Sin embargo, Ruiz señaló que en 2002 PP y PSOE pactaron un sistema de financiación en el que se introducía el criterio de población, un aspecto que fue ignorado dos años más tarde, en 2004, por Pedro Solbes, ministro de Economía en ese momento, a pesar de que el artículo 3 del mencionado sistema contemplaba adaptar la financiación de cada territorio en base a la población que tuviera cada comunidad. Mañana llegará la solución definitiva para el caso.