«La ley francesa contra el velo integral es necesaria y equilibrada»

MADRID- Samir Khalil, jesuita egipcio y experto islamólogo de la Universidad San José, de Beirut, ha publicado en la agencia AsiaNews un análisis de la ley francesa sobre el velo integral, en el que anima a la comunidad musulmana a considerar la normativa como una invitación a conciliar la fe y la ciudadanía europea, y no a entenderla como un ataque a la religión islámica.

Khalil explica que en Egipto, su país natal, en el año 2001 apenas usaban un velo integral que tapa la cara unos pocos cientos de mujeres, mientras que actualmente ya lo usan un 16 por ciento. Aunque en Francia, el país con más musulmanes de Europa, lo usan actualmente menos de 2.000 mujeres, «si no se hace nada, el problema se multiplicará».

«Hay que decir, para empezar, que ni el Corán ni la "sunna", la tradición islámica, contienen la más mínima mención a este tema», explica. El velo integral se usa sólo en Arabia (donde se llama niqab) y en Afganistán (donde se llama burka). Sin embargo, Arabia exporta la costumbre. Los egipcios que trabajan en Arabia, por ejemplo, se acostumbran a ver a las mujeres con niqab y cuando vuelven a Egipto fuerzan a sus mujeres a llevarlo.

Sin embargo, en Europa lo usan casi exclusivamente personas motivadas por la ideología salafista, opuestas a Occidente. «De hecho en Francia llevan velo integral las mujeres que nunca lo llevaron antes y las conversas. De esto se deduce que la opción de llevarlo no nace de la tradición ni la religión, sino de un espíritu ideológico que predica el retorno a la tradición cultural de la Arabia del siglo VII». Y añade: «con el burka, reivindican ser los únicos verdaderos musulmanes».

«En Francia, la comunidad musulmana no es violenta, pero ningún musulmán allí ha salido a las calles a condenar el salafismo o el fundamentalismo», precisa Khalil. La ley francesa le parece «equilibrada» porque «no es anti-islámica, prohíbe a todos ir con la cara tapada». La ley multa a quien se tape con 150 euros, y a quien fuerce a alguien a usarlo, con 30.000 euros y un año de cárcel.