El Supremo dice que Sortu se creó «para ser el brazo político de ETA»

El auto del Alto Tribunal no duda de que fue la banda quien lo «gestó» y «tuteló»

Carteles a favor de la legalización de la formación abertzale en las calles de Bilbao
Carteles a favor de la legalización de la formación abertzale en las calles de Bilbao

MADRID- «Sortu es creada por Batasuna para que, como partido político, le suceda en la actividad que ha venido desempeñando durante muchos años de ser el brazo político de ETA en las instituciones». Ésta es una de las principales conclusiones del auto de la Sala del 61 del Tribunal Supremo por el que en el que le cierra la posibilidad de concurrir en las próximas elecciones municipales y al Parlamento navarro.

En la resolución del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Lesmes, desgrana a lo largo de 216 folios, los motivos que le llevan a concluir que Sortu no es más que un fraude de Batasuna para estar presente en las elecciones. Y ello, dentro de una estrategia perfectamente diseñada por ETA.

«La banda terrorista ETA ha gestado, alentado y tutelado la estrategia de Batasuna de crear un partido político (Sortu), así como la puesta en escena del mismo, incluido el rechazo formal a la violencia», destaca el Supremo en ese aspecto relevante. De esta forma, la nueva «marca» electoral con la que quería concurrir a los comicios la autodenominada izquierda abertzale, contó desde un principio con la «aprobación» de la banda, fue su «impulsora» y quien desde el inicio «tutela y alienta» la creación del partido que iba a sustituir a Batasuna.

«Gallinero de partidos»
Así, se concluye que fue la banda terrorista la que puso en marcha «el proceso de legalización» de Sortu: «Es ETA, a través de su comunicado de "alto el fuego"–el pasado enero–, la que pone en marcha el proceso de legalización, proceso de "mínimos democráticos", que también abre la puerta a la negociación». Para el Alto Tribunal, la banda quería la nueva marca para volver a negociar con el Gobierno.

Junto a todo ello, se alude de forma minuciosa a los documentos incautados a presuntos miembros de Ekin o ETA en los que se detalla los pasos a seguir hasta lograr «colar» la nueva marca en las instituciones vascas y navarras.

Así, en el documento «Proceso democrático» se señala de forma específica a esa «estrategia de negociación», donde se detalla que para lograr esos fines lo más adecuado es «formar el gallinero de partidos, en vez de repetir el modelo triángulo», en alusión al proceso de negociación de Batasuna con PSOE y PNV en 2006.

La concreción de ese «gallinero de partidos» pasaba por una «alianza política» con Eusko Alkartasuna, lo que fue «cumplimentado» por la izquierda abertzale/Batasuna, «en el desempeño de la función asignada» en ese documento, en junio de 2010. Ese texto, imputado a la banda, se refiere también a un posible «acuerdo entre ETA y el Estado», en el que se acordarían las condiciones «que necesita el proceso», siendo la banda la «garante» del «buen desarrollo del proceso democrático».

Dinero público para ETA
El Supremo admite que entre quienes apoyan a Sortu haya personas que «legítimamente y de buena fe» repudien el terrorismo de ETA y compartan los ideales independentistas. No se trata de «fiscalizar o criminalizar ideologías» de ningún tipo, sino evitar un «fraude perpetrado» por la banda «en connivencia con su brazo político», Batasuna. Permitir que Sortu esté en las instituciones le facilitaría la obtención de subvenciones y manejar presupuestos, lo que determina que exista un riesgo «previsible, grave e inminente» de que esas fuentes de financiación sirvan «para facilitar la prosecución de la actividad terrorista de la banda ETA».