Griñán despliega al PSOE contra el techo de deuda mientras pide diálogo

SEVILLA- Con una mano, la de la Junta, Griñán pide al Gobierno central «lealtad institucional». Con la otra, con la que dirige al PSOE-A, moviliza al partido por las ocho provincias culpando al Ejecutivo de Rajoy del posible cierre de todos los hospitales y la mitad de colegios andaluces. Esa es la estrategia elegida por el presidente de la Junta ante lo que considera un «ataque» a Andalucía por parte del Ministerio de Hacienda tras la decisión de rebajar el techo de deuda andaluz del 15,1 al 13,2 por ciento. Según el presidente, esa conclusión supone que no podrán incluir en el Presupuesto del año que viene 2.735 millones de euros como previsión de ingresos lo que obligaría a cerrar todos los hospitales públicos andaluces (19), la mitad de los colegios (alrededor de 2.000) y a despedir a 60.000 empleados públicos (uno de cada cuatro).

Lo que hizo ayer el PSOE-A fue desplegar a sus secretarios provinciales para que desglosaran esas cifras que la Junta lleva anunciando desde el martes. En Sevilla, alertó del cierre «de los 4 hospitales, 460 colegios y 13.000 despidos»; en Cádiz, «300 millones de euros menos para la provincia»; en Huelva, «dos hospitales, 194 centros educativos públicos y unos 4.800 puestos de trabajo de empleados públicos»; en Málaga, «al menos tres hospitales de la provincia, 350 colegios públicos y 15.000 empleados públicos»; en Almería, «5.000 empleados públicos»; también siguieron la misma estrategia en Córdoba, Granada y en Jaén, donde el responsable provincial Francisco Reyes advirtió del cierre «de más de 180 colegios y escuelas infantiles y acarrearía el despido de cerca de 6.000 trabajadores».

La acción coordinada del PSOE-A muestra cómo Griñán prepara el terreno para esa «rebelión» de la que hablan integrantes de su Gobierno al tiempo que crea el caldo de cultivo necesario para un «nuevo 28-F».

La cantidad que reclama la Junta no deja de ser una previsión de ingresos. Luego ese dinero hay que pedirlo prestado en los mercados, prácticamente cerrados para España. Si no se obtiene –y se asumen compromisos de pago– se disparará el déficit, motivo por el que el Gobierno central ha blindado el gasto de las comunidades autónomas. Hacienda pretende que las regiones elaboren sus cuentas de 2013 con los ingresos reales que se contemplan y se ajusten desde el principio ante la más que probable falta de liquidez.

Mientras el Ejecutivo andaluz mete presión con esa estrategia, siguen las negociaciones con el Gobierno central para cambiar el límite de endeudamiento. Fuentes gubernamentales señalaron el jueves a este periódico que no se va cambiar la fórmula elegida porque es la misma para todas las comunidades autónomas. Los contactos técnicos se están centrando en explicar cómo se ha llegado a esa cifra del 13,2 para Andalucía.

Por su parte, la consejera de Presidencia e Igualdad Susana Díaz, fue la encargada de mantener la puerta abierta a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, aunque señaló que la Junta «no será sumisa»

Díaz reclamó cooperación entre administraciones ya que ante «ataques como el que sufre este país lo que se necesita es dosis de consenso, de diálogo y de defensa común de los intereses» del conjunto de los ciudadanos españoles. «Y para defender de manera común los intereses de España hay que defender también los intereses de las comunidades autónomas y, en este caso, los intereses de los andaluces», señaló en declaraciones recogidas por Europa Press.

Junto a la presión dialéctica, la Junta también tiene activada la vía judicial, ya que desde el miércoles los servicios jurídicos de la Administración andaluza estudian qué vías son las más apropiadas para dejar sin efecto la decisión del Gobierno central.

La doble estructura de la Junta ya está en marcha
Susana Díaz reunió ayer a los delegados del Gobierno andaluz en las provincias, que dependen directamente de su Consejería. El miércoles, Diego Valderas, vicepresidente andaluz, presentó a sus «representantes», que previsiblemente compartirán sede con los que ayer se reunió la consejera de Presidencia. La doble estructura de la Administración ya está operativa.