Ballesteros: «Se trata del mayor juicio político de la democracia»

En su opinión, resulta «ciertamente sorprendente» que la resolución se haya firmado sólo dos días después del nombramiento de Antonio Camacho como nuevo ministro del Interior.
José Luis Vegas, abogado de Ballesteros, presentó ayer mismo su recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la decisión de Ruz de imputar a su cliente los delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento y revelación de secretos. En el escrito, cuestiona la «insostenibilidad jurídica» del auto judicial, que en su opinión está cimentado en «elucubraciones sin fundamento alguno» y «enormes carencias».
Además, la defensa de Ballesteros solicita la práctica de más diligencias, entre las que figuran una rueda de reconocimiento no fotográfica en la que participe un miembro del equipo de investigación y una simulación de la conversación del supuesto chivatazo a la que se incorpore la voz del comisario Carlos Germán, que dirigió la investigación, para comprobar si el propietario del bar Faisán, Joseba Elosua (a quien se dio el soplo), la reconoce, informa Ep.

Malestar en el Consejo del Poder Judicial por las críticas del Gobierno al juez Ruz
Las críticas de miembros del Gobierno y del PSOE a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de procesar por el «chivatazo» a ETA a tres altos cargos de Interior cuando su secretaría de Estado la ocupaba el hoy ministro, Antonio Camacho, y al frente del mismo se econtraba Alfredo Pérez Rubalcaba, han levantado las críticas de no pocos vocales del Consejo General del Poder Judicial, quienes las consideran una intromisión en la independencia judicial. De hecho, algunos vocales estudian la posibilidad de que esas críticas se aborden en el pleno que celebrará el CGPJ el próximo jueves. Se trataría, según señalan a este periódico fuentes del Consejo, de determinar si el órgano de gobierno de los jueces ha cumplido o no con su obligación de defender la independencia jucidial, en este caso del magistrado Pablo Ruz, informa F. Velasco. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, calificó de «disparatado» el auto dictado por el juez Ruz y que esa resolución era «probablemente» una «suma de indicios más bien especulativos». Por su parte, el ex ministro y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, valoró jurídicamente esa resolución de Ruz al haber apreciado en ella «fallos jurídicos». Para algunos de los consejeros del CGPJ, esas manifestaciones entrarían en el ámbito de la descalificación. Otros vocales sostienen que entran dentro del derecho de la libertad de expresión. Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, señaló que las resoluciones judiciales «se tienen que respetar, pero no necesariamente se tienen que compartir», sino que «se pueden criticar».