El PP critica por su «inacción» al Ministerio de Trabajo y la Fiscalía y apunta a Chaves y Griñán

El PP eleva al centro de la política nacional el escándalo por las ayudas irregulares a trabajadores que han salido de expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía.

Juan Ignacio Zoido y Esteban González Pons, durante su comparecencia de ayer en la calle Génova
Juan Ignacio Zoido y Esteban González Pons, durante su comparecencia de ayer en la calle Génova

El vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, compareció ayer en la sede central del PP con el candidato a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, para anunciar que su partido ha decidido llevar al Congreso de los Diputados todas las iniciativas que consideren oportunas para depurar responsabilidades, empezando por la del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, en calidad de expresidente de la Junta de Andalucía.

Subrayó que tanto Chaves como su sucesor, José Antonio Griñán, conocían las irregularidades en la gestión de los ERE porque la intervención general advirtió de las mismas en 2005.

El salto a la arena nacional del «caso Mercasevilla» tiene como objetivo aumentar la repercusión y, en consecuencia, el desgaste para el PSOE andaluz que pueda derivarse de «la mayor trama de podredumbre» de la historia de España, según sentenció González Pons. El PP va «a por todas» en Andalucía animado por el viento a favor de las encuestas y ese «a por todas» incluye llevarse el gato al agua en la codiciada Alcaldía sevillana.

Asimismo, Zoido anunció que el PP volverá a solicitar en el Pleno municipal la creación de una comisión de investigación. También reclamará volver a estar representado en el consejo de administración de Mercasevilla y que la Junta se haga cargo del pago del ERE de 2007, de cuya financiación se desvincula, dejando en una delicada situación a los trabajadores prejubilados.

Según el portavoz popular municipal, el PSOE está queriendo «entregar las cabezas de personas que, habiendo tenido participación en la trama, no son más que la punta del iceberg porque los cerebros están más alto».

Mientras, González Pons afirmó que «no sabemos el montante del dinero ni las personas beneficiadas, pero sí sabemos que todos los beneficiados por los ERE podridos son personas cercanas al PSOE». Dentro de esta estrategia de «nacionalizar» el escándalo de los ERE «fraudulentos», el PP desvió ayer el «tiro» hacia la responsabilidad del Ministerio de Trabajo y de la Fiscalía por su «inacción». La denuncia de González Pons es que Trabajo no realizó las inspecciones correspondientes ni aplicó ningún mecanismo de control. Mientras que la culpa de la Fiscalía viene, a su juicio, de su inmovilismo. «No sólo no impulsa la investigación, sino que ha intentado torpedearla dentro del proceso que se sigue en los tribunales», se quejó el dirigente nacional. Entre las citadas iniciativas parlamentarias estarán la solicitud de comparecencia de Chaves y de los ministros de Justicia y de Trabajo.

«Manual de corrupción»

Zoido recordó que «si el PP no hubiera dado un paso adelante, nadie del Ayuntamiento, nadie de la Junta, ni nadie del PSOE hubiera destapado lo que hoy sabemos. Siempre se han negado a denunciar ante los tribunales la mayor trama de corrupción en los fondos de empleo de España». Además, dijo que «los socialistas han seguido fielmente su manual de corrupción: negar la evidencia hasta que están acorralados».

Mientras, González Pons se desahogó en calificativos y aseguró que «da asco» que el dinero de los parados haya servido para «pagar jubilaciones millonarias de socialistas y amiguetes de los socialistas».