El saqueo sindical
Subvenciones que no pagan escuelas
Con los 250 millones que recibieron los sindicatos de la Administración en 2011 se podrían pagar 30.000 pensiones o el salario de 11.000 policías
MADRID– No es un debate novedoso, y menos en tiempos de estrecheces económicas. Cuando hace falta dinero, muchas miradas se vuelven hacia los sindicatos, perceptores todos los años de multimillonarias subvenciones públicas con las que sufragan buena parte de su funcionamiento. Muchos sectores no entienden que las centrales tengan que recibir este dinero y que no se implante un modelo como el alemán, basado en la autofinanciación a través de las cuotas de los afiliados.
Sólo en los pasados cuatro años, la administración central les ha concedido 1.056,7 millones de euros, que han ido a parar de forma mayoritaria a las arcas de las dos grandes centrales, CC OO y UGT, dado que muchas de estas ayudas se otorgan en función del número de afiliados y representantes que los sindicatos obtienen en las elecciones sindicales.
A pesar de la profundidad de la recesión, las ayudas se han mantenido casi inalteradas hasta el año pasado. En 2008, cuando la tormenta financiera comenzó a arreciar, las subvenciones ascendieron a 312 millones, y un año después apenas si se redujeron en dos millones. En 2010 fueron de 305 millones. Sólo el pasado ejercicio el recorte fue ya notable. Los fondos ascendieron a 128,1 millones de euros. A ellos se sumaron los al menos 122,5 millones que les otorgaron las comunidades, con lo que estas organizaciones habrían recibido al menos 250,6 millones de euros el pasado ejercicio. En estas cantidades no se incluyen las que reciben las fundaciones adscritas a estas organizaciones, muy difíciles de seguir dada la opacidad de sus cuentas.
Aunque los 1.056,7 millones concedidos por el Estado apenas representan el 0,1% del PIB, no dejan de ser una cantidad más que respetable con la que se podrían acometer muchos proyectos. Sólo con los 250,6 millones que recibieron el pasado ejercicio se podrían construir cuatro prisiones con capacidad para 1.000 reclusos. También servirían para construir 55 colegios con una capacidad para 450 alumnos o 41 kilómetros de autovías. Y si de arreglar salarios y subsidios se tratase, alcanzarían para pagar las nóminas de 11.904 agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil durante un año o 30.421 pensiones de jubilación para mayores de 65 años sin cónyuges a cargo en un ejercicio.
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