Ruz cita a Carlos G para ratificar que hubo «móvil político» en el chivatazo

 El motivo no es otro que ratifiquen el informe de conclusiones presentado el pasado día once, en el que se alude a que el soplo tuvo un «móvil político» que se articulaba «en el marco del proceso de negociación» entre el Gobierno y los terroristas. En ese informe, los investigadores llegan a la conclusión de que tuvo que ser «necesariamente» un policía quien alertase a Elosúa y lo que hizo que éste se desplazara a Francia para avisar al etarra Cau Aldanur de la operación antiterrorista que estaba preparada.

El equipo dirigido por Carlos G. llega a siete consecuencias derivadas del soplo a ETA: la no detención de etarras, «apagón informativo», permitir que llegase a ETA dinero del pago de «impuestos revolucionarios» –54.000 euros–, la no obtención de pruebas que corroboraran la actividad delictiva de los detenidos ni se hallaran «los esperados y previsibles datos complementarios, referidos a listas y claves de extorsión», permitir que los etarras dispusiera de tiempo para ocultar «datos esenciales sobre la estructura, composición y responsables del «aparato de extorsión», y, por último, los autores de la filtración «permitieron a los miembros de la banda terrorista ETA acceder a una información que, de otra forma, nunca hubieran podido conocer».

Ese mismo día, también comparecerán ante el magistrado el dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, y su hijo José Ignacio. El primero de ellos es quien presuntamente recibió, a través de un teléfono móvil, el chivatazo alertando de que se iban a llevar a cabo detenciones de miembros etarras vinculados al «aparato de extorsión». El equipo investigador «apunta» al inspector de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía, José María Ballesteros, como la persona que le pasó ese teléfono.

Se da la circunstancia de que, tal como informó este periódico el pasado día uno, el equipo investigador ya «señaló» a Ballesteros en enero de 2007, pero el entonces juez instructor, Baltasar Garzón, no citó a Elosúa para que realizara el correspondiente reconocimiento hasta enero de 2009, «cuando lo procedente era haberle citado de forma inminente y mostrarle la fotografía de Ballesteros para ver si lo reconocía», destacaron al respecto fuentes jurídicas.

No reconoció a Ballesteros
En esas fechas, en enero de 2009, es cuando comparece en el juzgado. Ballesteros se somete a una rueda de reconocimiento con un resultado negativo. La primera comparecencia de Elosúa en la Audiencia Nacional se produjo en julio de 2006. Se trataba de identificar a posibles participantes en el chivatazo. La diligencia consistió en un reconocimiento fotográfico.

En concreto, se le exhibieron series de cuatro instantáneas, en las que figuraba un policía entre otros tres «ajenos». En total, 104 series, con otros tantos agentes mezclados con 312 que no lo eran. El dueño del bar de Irún «identificó», con más o menos precisión, a cinco personas totalmente ajenas al Cuerpo de Policía y a un agente que estaba en el operativo, pero que no tuvo participación alguna en los hechos.