Agua para todos

La derogación del trasvase del Ebro por meros intereses políticos del recién llegado a la Moncloa en 2004 José Luis Rodríguez Zapatero pasará a los anales de la historia como uno de los mayores disparates en la política moderna. Un plan hidrológico que alcanzó el mayor consenso de los doscientos últimos años, y que iba a ser sufragado en un cincuenta por ciento por la Unión Europea, se fue por la rejilla del alcantarillado y desató una pelea entre territorios que aún perdura. Disparate, por decirlo de forma suave, porque en realidad se trata de la mayor agresión a los intereses nacionales cometida por un presidente del gobierno. España no sería igual si los socialistas hubiesen apoyado ese PHN. Pero convirtieron un asunto de interés general en una herramienta para controlar votos en los distintos territorios en torno a las cuencas hidrográficas. Primero, y para justificarse, lanzaron un Programa Agua que no ha servido absolutamente de nada. El subsuelo de las Tablas de Daimiel se abrasaba al tiempo que ingentes cantidades de dinero se tiraban a la basura en un plan de desalación que no ha servido absolutamente para nada. Las cuencas españolas siguen sin estar conectadas y el agua que nos cae del cielo, en vez de recorrer el país del Norte a Sur y de Este a Oeste, sólo anega campos en Aragón y destroza urbanizaciones en Málaga o donde sea. España no tiene un PHN que le permita usar bien sus recursos y proyectarlos en el futuro. Para los socialistas el tema del agua se reduce a dos cuestiones: La primera, que les importa bien poco resolver este problema, porque, y este es el segundo aspecto, de ello hacen cuestión electoral. Llegados a estas alturas del partido ha tenido que ser el Tribunal Constitucional quien tratara de poner orden en este desaguisado, al aplicar la política de la que nunca debimos apearnos, es decir, el agua como bien común debe ser para todos. Para ello, ha frenado las pretensiones de Griñán, Barreda y Castilla y León de hacerse con la propiedad exclusiva de las aguas que discurren por sus territorios. Este asunto, que desde el primer día es competencia del Gobierno de la Nación, ha sido ninguneado en favor de las comunidades autónomas donde gobierna el PSOE. Ahora, y ante el varapalo del TC, los socialistas se apuntan a que está bien que las competencias sobre el agua sean del Gobierno. Es decir, lo que han defendido hasta ahora no sirve, y lo que defenderán en el futuro tampoco servirá porque nadie, ni siquiera los suyos, se lo creen.