El PP recurrirá por «abuso de derecho» y «mala fe» su salida de Mercasevilla

SEVILLA- La oposición tiene preparadas sus armas para reincorporarse al consejo de administración de Mercasevilla y recurrirá por la vía civil su exclusión denunciando «abuso de derecho» con «mala fe» por parte de los responsables de la sociedad mixta, más cuando esta «decisión de PSOE e Izquierda Unida» atenta contra un acuerdo plenario que contempla la presencia de todos los grupos municipales en el mercado central. También pedirá la suspensión cautelar de la expulsión y de toda iniciativa que adopte el renovado órgano de gobierno.
El portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, insistió ayer en que «no vamos a permitir este atropello a las libertades» garantizadas el 29 de junio de 1988. Entonces, el Ayuntamiento acordó «instar a la junta general de Mercasevilla a la modificación de sus estatutos a fin de que participen con voz y voto los grupos municipales, trabajadores de la empresa y usuarios».
Zoido recordó que esta iniciativa salió adelante a propuesta de IU y con el rechazo del PSOE, que «respetó y cumplió el acuerdo». «Eran otros tiempos y otras personas», lamentó, porque hoy socialistas y comunistas «no representan ese compromiso con la transparencia y la democracia». En su opinión, PSOE e IU «cercenan» la participación debido a «los turbios asuntos y las diligencias judiciales abiertas contra los gestores» de la empresa mixta.
Por eso, el recurso popular argumentará que la cúpula directiva quebranta «el principio de buena fe» en la gestión pública al «infringir la voluntad del accionista mayoritario» –el Ayuntamiento– expresada en aquel acuerdo plenario. Zoido admitió que esta participación nunca se materializó en una reforma de los estatutos, argumentando que tampoco hizo falta porque «hace 22 años no había escándalos que tapar».
Aun así, el PP alerta del posible incumplimiento de unos estatutos que exigen «paridad» en los consejeros del Ayuntamiento: ahora quedan tres técnicos –el interventor, el secretario y la directiva de Emasesa María del Mar García– y sólo dos políticos –el socialista Alfonso Mir y el comunista Antonio Rodrigo Torrijos–.
Según los cálculos oficiales, la reducción de 23 a 9 consejeros supondrá un «ahorro anual» de 16.535 euros en «dietas por asistencia» que el representante del PP, Beltrán Pérez, nunca cobró.