Las autonomías siguen en bancarrota

El «tijeretazo» no es la solución para la bancarrota que azota al Sistema Nacional de Salud (SNS). Lejos de los mensajes optimistas que prodiga el Ministerio de Sanidad y Política Social, ni el «descuentazo» que sufrirán los laboratorios, los distribuidores de medicamentos y los farmacéuticos, ni el mordisco que van a padecer en sus nóminas los médicos, las enfermeras y los auxiliares del sistema público permitirán salvar el año a las autonomías. Tal y como estaba previsto, los servicios de salud se las verán y se las desearán para pagar las nóminas a los sanitarios, abonar en plazo las deudas a los proveedores o retribuir a los boticarios a mes vencido las medicinas prescritas por los médicos y dispensadas desde los centros de salud.

Fuentes del sector han subrayado en este sentido que al menos tres comunidades –una del PP y dos del PSOE– agotarán previsiblemente sus fondos en septiembre, con el agravante de que no son capaces de captar créditos de las entidades financieras, en medio de esta crisis económica, para abonar con ellos sus débitos o afrontar la marcha normal de los gastos corrientes. Esta situación podría extenderse a otras autonomías en el mes de octubre o noviembre.El problema que achica la aportación obligatoria que el sector realizará a la Administración sanitaria por la vía del decreto ley es múltiple. Por un lado, los 1.500 millones de euros que aportarán los laboratorios a las arcas públicas a través del descuento que sufrirán por producir sus fármacos dista mucho de los 15.000 millones de déficit que, según numerosas fuentes, acumulará todo el SNS a lo largo de 2010. Por otra parte, las comunidades afrontan el problema de la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el coste imparable de algunas prestaciones y del gasto farmacéutico hospitalario, sobre el que no existe contabilidad oficial.

Además, hay que añadir el problema de que el sistema de financiación en España no es finalista, lo que significa que las autonomías pueden destinar a fines ajenos a la Sanidad los recortes que obtiente de los agentes que integran este sector, sin que el Gobierno pueda intervenir. En una palabra: los recortes obtenidos por medio de los descuentos a los laboratorios o a las farmacias pueden destinarse, perfectamente, a construir escuelas o a tapar agujeros contables, sin que ni un euro tenga ni siquiera necesariamente que ir a las arcas sanitarias.

En esta tesitura, vuelve a cobrar fuerza la tesis del copago, silenciada desde hace dos semanas desde el Ministerio de Sanidad. Según ha podido saber este periódico, el departamento que dirige Trinidad Jiménez sigue siendo reacio a aumentarlo, pese a los cantos de sirena que llegan desde las Consejerías de Hacienda de las autonomías y la propia Vicepresidencia Económica del Gobierno. Sanidad está evaluando la situación y ha llegado a la conclusión de que imponer una tasa disuasoria y recaudatoria por la visita al médico de atención primaria o a las urgencias hospitalarias podría impedir que algunos enfermos acudieran a estos dispositivos cuando sus síntomas son menores y atajables. Más tarde, ocasionarían un gasto mayor a las arcas públicas.