Cerco al fraude en el desempleo

MADRID- El plan integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social que el Consejo de Ministros podría aprobar mañana incluirá visitas a los centros de trabajo para comprobar que los trabajadores se encuentran dados de alta en la Seguridad Social y no cobran prestaciones, así como «controles masivos» sobre los sectores más susceptibles de fraude, informa Ep.

Así se recoge en un documento del Ministerio de Empleo en el que se perfilan los objetivos y las líneas generales de actuación del plan. El escrito precisa que para llevar a cabo estas actuaciones «extensivas» e «intensivas», el Gobierno prevé la incorporación «inmediata» de hasta un centenar de efectivos en la Inspección de Trabajo con «dedicación prioritaria» a la lucha contra el fraude.

Concretamente, prevé un incremento de 25 inspectores y 30 sub-inspectores en un primer momento y, entre finales de 2012 y principios de 2013, otros 44 inspectores y los subinspectores que superen el proceso selectivo actualmente en curso. En total, 99 funcionarios. El plan arrancará con actuaciones «de forma inminente». Además, incorporará una mejora de los sistemas de inspección y una mayor colaboración de la Inspección de Trabajo con otros organismos autónomos.

Según concreta, cuatro son los supuestos irregulares a perseguir. Por parte del trabajador, compatibilizar de forma indebida el cobro de prestaciones con el trabajo, especialmente en el caso del paro, y el acceso indebido a la prestación por desempleo. Del lado de los empresarios, emplear a trabajadores sin darles de alta en la Seguridad Social y utilizar a extranjeros sin permiso de trabajo.

Para ello, el plan contempla medidas en el ámbito del Servicio Público Estatal (SPEE) para controlar la presencia de los parados ante las oficinas de empleo y el cumplimiento de sus compromisos de actividad, así como para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la prestación por desempleo.

Al mismo tiempo, se acometerán las modificaciones legislativas «que resulten necesarias» para garantizar la mayor eficacia de la actividad inspectora y se cita el régimen sancionador penal y administrativo y la modificación de procedimientos administrativos. Asimismo, el Gobierno prevé «intensificar» por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social las actuaciones de control en materia de derivación de responsabilidades o de investigación de empresas ficticias, contrataciones y altas fraudulentas en el sistema.

El plan también estrechará la colaboración entre la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, así como con las comunidades autónomas. Por último, Empleo considera necesario iniciar una campaña de concienciación social que implique a los agentes sociales, para cambiar la percepción social sobre «este grave problema».