El ERE de 2007 del que reniega la Junta era un «apéndice» del anterior

Sin embargo, desde el seno del Gobierno andaluz surgen voces que lo vinculan al expediente de regulación de empleo. En concreto, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, firmante de los ERE de 2003 y 2007, manifestó ayer a Europa Press que el último texto se diseñó como un «apéndice» del primero, que sí reconoce la Administración autonómica.

Las prejubilaciones «estaban negociadas», señaló y añadió que el procedimiento recibió «el mismo tratamiento que todos los ERE de Andalucía donde hemos comprometido ayudas». Guerrero ve un mismo «método» y procedimiento en ambos expedientes, que reflejan una política seguida por la Junta en los nueve años en que ejerció el cargo, aunque admitió que esta política no estaba «regulada». El actual responsable de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, considera, en cambio, que la firma de su predecesor era un «mero acto de comunicación» y que el ERE de 2007 no está «conforme a la normativa de subvenciones aplicables».

El firmante de los expedientes se desligó, «por supuesto», de los dos casos investigados de prejubilados que no trabajaron nunca en Mercasevilla y que, no obstante, estaban incluidos en el pago de compensaciones, un caso de «intrusismo» que investiga el juzgado de Instrucción 6, encargado de las diligencias por el presunto delito societario, la venta irregular de suelo y las extorsiones a empresarios por parte de sus gestores. «Alguien me ha colado algo de mala manera», lamentó el ex director, ya que «en los ERE no estaban» Antonio Garrido Santoyo ni María del Carmen Fontela. Además, descartó que «alguien de la Consejería» incluyera estos dos nombres en los procedimientos.

Pese a las declaraciones de este ex alto cargo del Gobierno andaluz, la Consejería de Empleo insistió ayer en desligarse del ERE de 2007. El consejero Manuel Recio volvió a señalar que la Junta «no tiene ningún compromiso de carácter financiero» con los prejubilados por este expediente. Asimismo, aseguró que la investigación interna emprendida por su gabinete no ha detectado nuevas «irregularidades» en el ERE de 2007, aunque las pesquisas «siguen abiertas».

«Estoy permanentemente alerta a cualquier irregularidad», mantuvo Recio, quien dijo que «el caso está ahora mismo en sede judicial y desde la Consejería sólo cabe ofrecer nuestra colaboración». El alto cargo negó que se vayan a depurar responsabilidades en la cartera de Empleo. «En temas políticos, el que decide es el partido», zanjó.