La séptima figura política de Baleares condenada por corrupción

La mayoría de estos asuntos sucedieron en la legislatura 2003-2007, cuando Jaume Matas (PP) era el presidente de las Islas Baleares y Munar presidía el Consell de Mallorca y era líder de UM, una formación que se extinguió en el año 2010 debido a los numerosos casos de corrupción que afectaron a sus dirigentes.

La corrupción ha marcado la vida política balear en los últimos años con más de veinte asuntos que se están investigando y que han supuesto el fin político de personajes públicos de la importancia de Matas y Munar.

Son dos de los condenados más relevantes en una lista que también incluye al exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (PP), el ex director general del Territorio Jaume Massot (PP), el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos (PP), el exdiputado autonómico de UM Bartomeu Vicens y el exconseller de Turismo de Baleares, también de UM, Francesc Buils.

El pasado mes de marzo, el expresidente balear y exministro de Medio Ambiente fue condenado a penas que suman 6 años de prisión por varios delitos de corrupción al haber beneficiado fraudulentamente con dinero público al periodista que le escribía los discursos.

Matas no ha ingresado en prisión porque aún debe pronunciarse el Tribunal Supremo y porque, además, el fiscal anticorrupción no ve riesgo de fuga y cree suficientes las medidas cautelares que pesan sobre él.

A la espera de que la sentencia sea firme también se encuentra en libertad el exconseller balear de Turismo Francesc Buils (UM), condenado hace unos días a 3 años de cárcel por gratificar a un exalcalde de su partido con 15.000 euros de dinero público.

Distinta suerte corren Vicens, Hidalgo, Massot y Rodrigo de Santos, que se encuentran en la prisión de la carretera de Sóller de Palma.

El primero fue condenado en 2010 a 3 años de prisión por pagar a su contable 12.020 euros cuando era responsable del Territorio del Consell de Mallorca por un informe sobre el valor del suelo de la isla plagiado de internet y que no tenía ninguna utilidad pública.

Además, la Audiencia le impuso otra pena de 3 años de cárcel por haber "regalado a sus amigos"11.930 euros más de dinero público.

Aunque Vicens solicitó el indulto, el alto tribunal balear se posicionó en contra porque, a pesar de sus "favorables antecedentes de conducta"y la "relativa"cuantía de lo malversado, sus delitos "son de una índole que afecta gravemente al prestigio, credibilidad y funcionamiento del sistema jurídico-político y suscitan una fuerte indignación social".

Eugenio Hidalgo y Jaume Massot fueron condenados por asuntos urbanísticos, mientras que Rodrigo de Santos ingresó en prisión por pagar con la tarjeta de crédito del Ayuntamiento sus gastos en clubes de alterne, y también por otro caso de abuso de menores.

Todos estos asuntos son solo el principio de una larga lista de juicios que tendrán que celebrarse en Baleares en los próximos años para dirimir las responsabilidades de administradores públicos de las islas.

En estos momentos, se encuentra en fase de instrucción el caso Noós, el de mayor expectación mediática, donde se investiga el presunto desvío de dinero público de los gobiernos balear y valenciano, cerca de 6 millones de euros, a empresas relacionadas con Iñaki Urdangarin y Diego Torres.