Cinco millones de razones

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El fracaso de la negociación para acordar la reforma de los convenios colectivos tiene unos responsables concretos. En un país con cinco millones de parados se han perdido cinco meses fundamentales –y más de dos años si se cuenta que este asunto ya formó parte de la anterior mesa del diálogo social– en un proceso en el que, desde el primer momento, los sindicatos funcionaron como freno y no como catalizador de cambios imprescindibles. Méndez y Toxo desarrollaron una estrategia para minimizar el alcance de la reforma y preservar el marco laboral responsable de que España sea una fábrica de desempleados. Un escenario que garantiza el suficiente control sindical de la vida de las empresas a través de los convenios, lo que alimenta una rigidez laboral negativa para los intereses de empresarios y trabajadores. La patronal ha estado donde debía: evitar que la reforma de la negociación colectiva se cerrara en falso, con retoques cosméticos. Haber prestado la firma a una pantomima habría sido un fraude al interés general y, desde ese punto de vista, la cúpula de la CEOE se ha comportado con responsabilidad. España necesita con urgencia una cirugía de hierro sobre nuestro agónico mercado laboral. Una actuación que nos aproxime a modelos de otros países europeos que han resistido mejor la recesión y que dé instrumentos a las empresas para disponer de alternativas sin que los despidos sean la primera opción. El Gobierno tiene ahora la responsabilidad de abordar esa reforma que Europa y los mercados aguardan y, sobre todo, que esos cinco millones de parados necesitan. Es evidente que el Ejecutivo no quería este escenario porque le suponía un desgaste, pero la decisión de acabar la Legislatura estaba sustentada en la exigencia de acabar el proceso de reformas. Los precedentes, en cualquier caso, provocan incertidumbre sobre hasta dónde llegará la propuesta gubernamental. El discurso de Moncloa de garantizar la flexibilidad, pero no a costa de los derechos, suena a equidistancia y a políticamente correcto. El Gobierno anunció ayer que legislará sobre la base que habían alcanzado CEOE, CCOO y UGT, pero parte de una premisa ficticia, como es un compromiso que no existió y que, desde luego, estuvo muy lejos en asuntos troncales. El fiasco de la tibia reforma laboral debería ser una lección sobre las consecuencias de condicionar decisiones trascendentes a las urgencias electorales. Sólo un proyecto de transformación servirá para modernizar las relaciones laborales y mejorar la capacidad competitiva de las empresas, lo que generará confianza fuera de nuestras fronteras. Es preciso acabar con la rigidez del marco laboral que frustra la contratación y mina la productividad. Los empresarios necesitan un marco para arriesgar y sólo lo garantiza una flexibilidad interna real, que permita ajustar las sociedades a las coyunturas y vicisitudes económicas. Para ello es preciso dar preferencia a los convenios de empresa y evitar en lo posible la interinidad que supone extender de forma indefinida los convenios caducados. El alcance de la reforma es nítido y el Gobierno tiene cinco millones de razones para atender sólo al interés general.