La Renta de Ciudadanía ayuda a la inserción laboral de sus perceptores

Valladolid- Aparte de haber nacido en Castilla y León y tener entre 25 y 64 años; ser un extranjero refugiado o con una solicitud de asilo en trámite; o ser una víctima de violencia doméstica, otro de los requisitos imprescindibles para poder recibir la ayuda social de la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León, la última red de protección, es que el beneficiario, que debe estar en grave riesgo de exclusión social por falta de recursos y posibilidades de acceder a un empleo, ponga también de su parte y realice los cursos de formación y los módulos de inserción laboral programados para poder reintegrarse de nuevo en la sociedad.

El proyecto de Ley contempla lo que se ha denominado como contribución activa, comprometida y ersponsable de los beneficiarios de dicha renta para superar la situación de exclusión social en la que se encuentran al acceder a ella. Cada perceptor cuenta con un proyecto individualizado de inserción. Un itinerario programado para alcanzar esa integración en la sociedad que se persigue. La Gerencia Regional de Servicios Sociales es la que se encarga de gestionar todo lo referente a esta ayuda mediante equipos multidisciplinares que determinarán y evaluarán cada caso de forma individual con el apoyo de las entidades locales y del propio servicio público de empleo. Y se ha creado una comisión de seguimiento que evalúa los resultados y propone actuaciones de mejora.

Una medida que funciona con éxito, a tenor de los datos existentes en el pasado mes de agosto, ya que cumple con sus objetivos iniciales, que no son otros que proporcionar los medios y apoyos necesarios para cubrir las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de las personas en peligro de quedarse fuera de la sociedad. Y es que 1.622 castellanos y leoneses de los 2.249 que ya no reciben esta ayuda aunque la han percibido en algún momento desde que la Ley entrara en vigor en enero del pasado año, es porque en este tiempo encontraron un puesto de trabajo con el que han podido empezar junto a sus familias un nuevo proyecto de vida normalizado.

Tal es el control de la Junta que también hay familias que han perdido la ayuda porque incumplen alguno de los requisitos. Por ejemplo, de las 1.444 personas que dejaron de percibir esta ayuda a principios de este año, el 30 por ciento fue porque no fueron a fichar o renunciaron a un puesto de trabajo