Sánchez Gordillo de «Robin Hood» a «chantajista»

SEVILLA- El diputado de IULV-CA y alcalde de Marinaleda Juan Manuel Sánchez Gordillo es un líder con carácter acostumbrado al ruido, que en agosto se ha convertido en estruendo. La Fiscalía investigará la «toma» de supermercados de Écija (Sevilla) y Arcos de la Frontera (Cádiz) en la que intervino pero está «tranquilo».

Enérgico, aseguró a LA RAZÓN a primera hora de la tarde de ayer que «nadie» le había «comunicado ni entregado citación judicial alguna». Como aforado, condición que conlleva su escaño en el Parlamento andaluz, goza de una protección especial y no puede ser arrestado salvo en caso de flagrante delito, que asevera no haber cometido. Insiste en que no puso ni un «milímetro del pie» en el centro comercial cuyo asalto capitaneó y dice «no tener miedo a nada».

«No estoy escondido», mantuvo, en alusión a que permanece, incluso duerme, lo que le «dejan los mosquitos», en la finca del Ministerio de Defensa «Las Turquillas», ubicada cerca de Osuna (Sevilla) y que ocuparon los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) el 24 de julio.

Sánchez Gordillo se mostró satisfecho de la repercusión que ha tenido la «expropiación alimentaria simbólica» del SAT y confió en que «sirva para que algunos gobernantes reflexionen y se den cuenta de que hay gente que lo está pasando muy mal».

Amenazó con nuevas actuaciones similares en otras grandes superficies «o bancos» si no se tienen en cuenta las reclamaciones del colectivo.

¿Cuáles son? «Que se entreguen alimentos a pocos días de caducar a quien no tenga ninguna ayuda y que se fije por ley una renta básica para las familias con todos sus miembros en paro». Pretende también que «se ponga en marcha un plan de empleo público de seis meses para trabajadores del campo y la ciudad con el que hacer viviendas baratas, luchar contra el fuego, potenciar las energías renovables....», así como que «no se pague la deuda a los bancos».
Abandera un principio: «O acabamos con el capitalismo o éste acaba con nosotros. No podemos aceptar la dictadura de los mercados y no lo vamos a hacer», proclama, y no es la primera vez que lo hace.

Al margen de la teoría, la Policía y la Guardia Civil tenían orden de detener a los miembros del SAT responsables de los asaltos a los supermercados y ya el miércoles se produjeron los dos primeros arrestos. Uno se llevó a cabo en Hornachuelos (Córdoba) y otro, en Cuevas de San Marcos (Málaga). Tras pasar la noche en comisaría, ambos detenidos fueron trasladados al juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, en funciones de guardia, donde en la mañana de ayer se negaron a prestar declaración. El juez los dejó en libertad con cargos tras imputarles un delito de robo y otro de coacciones por el apoderamiento violento de efectos expuestos a la venta al público. A ello sumó la prohibición de acercarse a 300 metros de la superficie comercial Mercadona de Écija, de la que lograron sacar nueve carros de alimentos, además de la obligación de comparecer en sede judicial cada vez que sean requeridos.

La abogada de estos trabajadores criticó la forma en la que se realizaron las detenciones al sostener que se ha tratado a sus defendidos como delincuentes peligrosos. De hecho, fuentes del sindicato aseguraron a este periódico que no descartan emprender acciones legales porque «tuvieron que ser asistidos por un abogado de oficio, al llevarlos a la Audiencia Provincial de Sevilla», mientras que la representante legal del SAT se dirigía al juzgado de Écija.Tras conocer que sus compañeros habían sido puestos en libertad, Sánchez Gordillo no dudó en reclamar «la dimisión del titular del Ministerio de Interior» –Jorge Fernández Díaz– quien, a su juicio, «ha resucitado a Franco al comportarse como ministro, fiscal y juez al mismo tiempo», lanzó, sin saber aún que el juez les había imputado cargos. Horas después, el responsable de Organización del Sindicato Andaluz de Trabajadores, José Caballero, se convirtió en el tercer arrestado por la sustracción de alimentos del hipermecado de Écija. Sus compañeros habían puesto ya en marcha desde Granada una campaña de «autoinculpaciones colectivas» en solidaridad con los detenidos. En un texto remitido al ministro de Interior los firmantes admiten «ser cómplice e inductor intelectual de las acciones llevadas a cabo por los sindicalistas del SAT».