Interior expedienta a cincuenta manifestantes del 23-O

Madrid- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, no tiene ninguna duda: la concentración celebrada el martes en los alrededores del Congreso, convocada por el movimiento 25-S, era «ilegal» ya que no se comunicó «como marca preceptivamente la Ley» y, por tanto, «se aplicará lo que la propia Ley establece»: abrir un expediente administrativo sancionador «a las personas que la convocaron y a los promotores de la misma».

Hasta el momento, cincuenta personas han sido expedientadas por tomar parte en la concentración en torno al Congreso de los Diputados, una protesta que efectivamente no había sido comunicada a las autoridades, según fuentes de la Delegación de Gobierno que cita Ep. Según estas mismas fuentes, la multa administrativa que se suele aplicar en estas situaciones ronda los 300 euros, aunque todo queda a expensas del procedimiento sancionador que se iniciará ahora.

Una vez que la Policía solicita el DNI a los manifestantes para proceder a su identificación en plena calle, se realiza un expediente policial que es remitido a la Delegación de Gobierno, la cual decide si incoa el expediente sancionador a la vista de lo que consta en la información facilitada por los agentes.

El siguiente paso consiste en designar un instructor e iniciar un periodo de alegaciones de 15 días en los que el expedientado puede presentar alegaciones y aportar cuantos documentos estime convenientes. Tras estudiarse esos argumentos, se dicta una resolución ante la que se abre un nuevo periodo de alegaciones antes de adoptarse una decisión final.

Contra esta resolución también hay posibilidad de presentar un nuevo recurso de alzada ante el Ministerio del Interior. Además, en caso de que en esta instancia también le fuese desestimado, el expedientado podría pasar de la vía administrativa a la judicial mediante la presentación de un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo.