La Ley contra Bildu

El entramado de ETA tiene la sensación de contar con la manga ancha de la que disfrutó en tiempos pasados. Es una impresión alimentada por las palabras y los hechos de algunos dirigentes socialistas y por las sentencias favorables del Tribunal Constitucional, que abrió las puertas necesarias para que la banda pudiera colarse en las instituciones. Pero el Gobierno actual es otro y la estrategia etarra tendrá serias dificultades para progresar en el futuro. Tras la reciente resolución sobre Sortu, el Gobierno ya advirtió de la posibilidad de una ilegalización sobrevenida de cualquier sucedáneo batasuno cuando se sobrepasaran los límites de la legalidad. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dado un esclarecedor paso sobre la voluntad real del Ejecutivo. Entiende que el Gobierno municipal de San Sebastián, en manos de Bildu, ha caído en una de las causas de ilegalización que planteó la sentencia del TC sobre Sortu por la subvención con fondos públicos de un documental sobre presos de ETA, en el que cinco terroristas aparecen tratados como héroes y víctimas del Estado. Hay que recordar que el Alto Tribunal estableció en el fundamento jurídico 15 del citado fallo como una de las conductas que deberían perseguirse «el ensalzamiento de acciones terroristas o su presentación como víctimas o héroes, teniendo especial alcance cuando tales conductas se realicen por quienes, estando en puestos institucionales, las autorizan o toleran, así como la realización de actos públicos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares», apuntó el ministro. La respuesta del alcalde proetarra de San Sebastián fue ayer el desafío al Gobierno. Anunció que no retirará las ayudas al documental. La chulería o la bravuconería son provocaciones que se desinflan ante los tribunales y en las que el Estado de Derecho no puede caer, pero sí responderlas. Por tanto, lo que corresponde es aplicar la Ley. La democracia y la libertad se defienden con el recto funcionamiento del Derecho y no con los atajos oportunistas de quienes lo interpretan como un reglón torcido a conveniencia de intereses distintos a los generales. Es obvio que el proceso tutelado por ETA ha seguido su curso favorecido por decisiones que abochornan de la izquierda política y judicial. Manchar las togas con el polvo del camino nos trajo serios problemas en el pasado y ahora nos ha conducido hasta un escenario complejo, con episodios como el de que una de las atracciones de las fiestas de Andoain fuera fotografiarse con imágenes de los presos, en otro acto de enaltecimiento del terrorismo adelantado ayer en exclusiva por este diario. Toca que las togas de ley y el Gobierno actúen con la misma determinación que hasta la fecha. Ley y sólo Ley. Rajoy lo anunció y Fernández Díaz lo aplica a rajatabla.