Menores desprotegidos

La violencia de género está conociendo estos días un salto cuantitativo, pero también cualitativo, ya que al número de víctimas adultas hay que sumar el de los niños que son asesinados junto a sus madres a manos de sus parejas. Ayer mismo, en Tarragona, fueron encontrados los cadáveres de dos niños, de unos tres y cinco años, junto al de su progenitora. Todo apunta a que el autor de los crímenes ha sido el marido, que ya había sido detenido anteriormente por malos tratos. En lo que va de año, al menos once menores –cuatro de ellos en lo que va de mes– han muerto como consecuencia de malos tratos en la familia. Las cifras aumentan escandalosamente si se cuantifica el número de menores que conviven habitualmente con el maltrato. Según la organización Save the Children, alrededor de 800.000 niños son víctimas de violencia de género en España, puesto que en sus hogares se ha instalado como una cotidianeidad más del día el maltrato hacia la mujer. Estamos hablando de un colectivo singularmente frágil y desprotegido que está en el epicentro de este drama, a menudo como testigos mudos de la tragedia.
Lo cierto es que la Ley Integral contra la Violencia de Género, además de ofrecer unos resultados decepcionantes –cabe recordar que ya se ha superado el número de víctimas de 2009 hasta llegar a día de hoy a 57–, tiene una laguna injustificable: si en algún momento el Ministerio de Igualdad se planteó algún tipo de ayuda que contemplase medidas específicas para los niños que viven en hogares estigmatizados por el maltrato, esa iniciativa se ha guardado en un cajón. El pasado 16 de octubre se desveló en LA RAZÓN que el departamento de Bibiana Aído había eliminado la partida de atención especializada a menores víctimas de violencia de género, una decisión que sólo se puede calificar como un error garrafal y que dice mucho de su incapacidad como gestora política de la violencia de género.
Desde el Ministerio de Igualdad, uno de los más propagandísticos de la historia reciente de España, siempre hay palabras y gestos para condenar la violencia de género. Sin embargo, falta claridad de ideas, presupuesto y tenacidad para erradicar esta tragedia social. Bibiana Aído y sus asesores tienen demasiados deberes pendientes que urgen ser solventados. Evidentemente, las cifras así lo demuestran: las políticas contra la violencia de género están mal enfocadas, puesto que, lejos de menguar el número de mujeres asesinadas, aumenta. Y, desde luego, cualquier medida contra este tipo de violencia debe contemplar a la infancia. No sólo por los niños que puedan morir, también por los cientos de miles que arrastrarán una secuela psicológica para el resto de sus vidas, puesto que las consecuencias de este tipo de delito en los menores alcanzan, si no se hace un trabajo riguroso de seguimiento, un impacto mayúsculo en su formación. Cabe recordar a Igualdad que los principales estudios psicológicos abundan en que las personas que son sometidas a la violencia de género en su niñez son potenciales maltratadores en su vida adulta. Es de desear que Igualdad demuestre de una vez por todas su voluntad política para priorizar esta lacra social que afecta a miles de inocentes cada año.