«La Inspección General soy yo»

Sevilla- Un amplio colectivo de funcionarios se manifestó ayer en Sevilla a las puertas de la sede de la Inspección General de Servicios para denunciar la falta de neutralidad de este órgano al que el Gobierno andaluz le ha encargado la tarea de comprobar que en las nuevas agencias empresariales –surgidas tras la reordenación del sector público– las potestades administrativas están siendo ejercidas por personal funcionario, tal y como recoge la normativa. La asonada tuvo un sello lúdico: caretas del presidente andaluz, fotografías de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, silbatos y trompetas en ristre y carteles aludiendo a la usurpación de potestades administrativas recientemente denunciada ante los tribunales. «La Inspección de Servicios al servicio del poder» o «La Inspección soy yo» se podía leer en algunos de estos carteles. La protesta caldea el ambiente antes de la manifestación de los empleados públicos convocada para mañana en la capital hispalense y que se espera que sea masiva como otras anteriores.

LA RAZÓN ya informó de que los inspectores generales de servicios están nombrado a través de un proceso de libre designación, es decir, «a dedo». Están vinculados orgánica y funcionalmente a la Secretaría General para la Administración Pública, que a su vez depende de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que es la que ha puesto en marcha la polémica reordenación empresarial, envuelta desde sus inicios en una espiral de críticas, manifestaciones y denuncias en los tribunales por parte de los funcionarios. Una reciente sentencia del TSJA ve un «desprecio al Estado de Derecho» la integración en una de las nuevas agencias de personal funcionario y de otro que no ha superado ningún tipo de proceso selectivo.

Hay, asimismo, un antecedente que incide en la falta de imparcialidad de la Inspección. Este órgano fue el que elaboró el informe que exculpó a Manuel Chaves de la concesión de una subvención de más de diez millones de euros a la empresa Matsa en la que trabajaba su hija Paula, previa votación en el Consejo de Gobierno. El TSJA ordenó abrir un expediente al ex presidente de la Junta e infligió un serio correctivo al Ejecutivo andaluz, al señalar que no había existido labor investigadora como tal. La Junta –con el informe de la Inspección en la mano– se había limitado a exculpar de entrada a Manuel Chaves. Posteriormente el Supremo revocó la sentencia del TSJA, pero sin entrar en el fondo de la denuncia.

La vicesecretaria de Política Electoral del PP-A, Patricia Navarro, dijo ayer que la Junta tiene «incendiado» el sector público con la «cesión ilegales de trabajadores».
 

La antigüedad de los interinos que avaló la UE modifica el concurso de traslados
La Consejería de Hacienda y Administración Pública resolverá los actuales concursos de traslados de personal funcionario, valorando la antigüedad y los servicios realizados por estos funcionarios en su etapa como interinos, lo que supondrá la apertura de un plazo «para que los participantes puedan actualizar su autobaremo e incluir la puntuación que corresponda».

Esta «modificación» fue valorada de forma positiva por CC OO, Ustea y UGT y será recurrida por Safja y CSIF, al suponer «más retrasos en la resolución del concurso», indicaron a Europa Press fuentes de ambos sindicatos, quienes piden que esa «rebaremación ilegal» no se aplique, pues creen además que «se genera inseguridad jurídica y nuevos retrasos en el proceso». Responsables de la Consejería de Hacienda y de los sindicatos CSIF, Safja, Ustea, UGT y CCOO se reunieron ayer en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General para abordar la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que equipara la antigüedad en el empleo público de funcionarios de carrera e interinos.