Rubalcaba dice que pedir una sanción a Chaves es una «insidia»

SEVILLA- Manuel Chaves se encontró ayer con un nuevo aliado para defenderse de las acusaciones del PP, que le exige que dimita tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que solicita a la Junta de Andalucía que abra un expediente sancionador por no inhibirse en el «caso Matsau»: el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. El hombre fuerte del Ejecutivo defendió en el Congreso la actuación del expresidente andaluz y acusó a los populares de lanzar «insidias» contra su compañero por «rencor».
Rubalcaba, ante una pregunta del diputado del PP Ricardo Tarno, siguió la misma estrategia que el Gobierno andaluz y minimizó la decisión del TSJA, ya que según su criterio solo reclama que se abra «un trámite administrativo». El ministro del Interior recordó que el Supremo ya archivó una querella del PP – «les dio un revolcón», dijo–, mezclando las vías penal y administrativa para restarle trascendencia al fallo.
Por su parte, Chaves, tras una pregunta del diputado Rafael Merino, argumentó que nunca negó la relación laboral de su hija con Matsau –que recibió más de diez millones de subvención–, cuando en junio dijo que no había actuado en el trámite «ni como apoderada ni como nada». Señaló que todo se basa «en una campaña de mentiras» y que el TSJA «se limita a ordenar a la Junta que abra un expediente para determinar si me tuve que inhibir o no en una decisión de un órgano colegiado».
En este sentido, la portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Esperanza Oña, recordó que el Gobierno andaluz sí le abrió un expediente sancionador al exministro Mariano Fernández Bermejo en febrero de 2009 por cazar sin licencia en una finca de Torres (Jaén). Al igual que Chaves, se trataba de una infracción administrativa –no penal– pero que concluyó con su dimisión como titular del departamento de Justicia.
Oña lamentó «la doble vara de medir» del Ejecutivo andaluz. «Chaves tendría que haberse inhibido de dar una subvención a la empresa en la que trabajaba su hija y merece un expediente sancionador», aseguró. Para la portavoz popular lo contrario es propio de una «república bananera».