La Fiscalía reconoce el uso político de los camisetas verdes al margen de los fines económicos

MADRID- Nuevo revés para los «camisetas verdes» en su empeño de llevar frente a los jueces al hoy consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, por parte de la Asociación de Vecinos de Plo meras Bajas y de la Federación de Madrid de Asociaciones de Padres de Alumnos Giner de los Ríos, en relación con las críticas vertidas por el primero sobre el beneficio obtenido de las ventas de las camisetas en protesta por la política educativa del Gobierno regional y su posterior denuncia ante la Agencia Tributaria por «lucrarse» con ellas. El pasado 12 de octubre la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid rechazaba de plano la querella contra el consejero por los delitos de injurias o calumnias. Las asociaciones no desistieron y recurrieron la decisión.

Ahora, la Fiscalía del TSJ de Madrid ha presentado su informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que vuelve a pedir que se rechace tal pretensión, al reiterar que las críticas del responsable de Asuntos Sociales de la Comunidad están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Pero, además, y como aspecto novedoso, el Ministerio Público pone de relieve que los querellantes, «al manifestarse públicamente de manera reiterada» en contra de la política educativa del Gobierno regional, y con la utilización de una «camiseta verde» que se ha convertido en uno de los símbolos de la protesta.

Y todo ello, destaca el fiscal al respecto, «en un contexto de contienda pública sobre dicha política educativa», lo que evidencia que las citadas asociaciones han tenido «una participación activa en la controversia pública» y un «posicionamiento en la discusión suscitada que ha generado, además, un notable interés general».

Por ello, incide el Ministerio Público en este punto de especial relevancia, la intervención de los querellantes, «voluntaria, y, por supuesto lícita» en el seno del «debate político existente», es lo que hace que las respuestas del PP a algunas de las actuaciones de los querellantes –en especial las relativas a los beneficios obtenidos por las ventas de esas camisetas y a no tributar por los beneficios– «sigan formando parte de dicha contienda pública y política».
En su escrito, el fiscal insiste en que en sus declaraciones Salvador Victoria no utilizó «expresiones injuriosas o innecesarias, ni efectuó imputación concreta de delito alguno y que en ningún momento señaló que se hubiese producido un delito, «sino que lo que especificó es siempre que lo que había era una posibilidad», lo cual descarta la posible comisión de un delito de injurias o calumnias», tal como pretendían los querellantes.

Junto a todo lo anterior, el Ministerio Público deja en evidencia a las asociaciones al constatar que las razones que esgrime en el recurso no responden «a la realidad de los hechos, tal como se desprende de la documentación aportada junto a la querella por los propios querellantes.

Así, mientras alegaban que no han tenido conocimiento de ninguna actuación de la Agencia Tributaria» por lo que se permiten «dudar de la existencia de la misma o de la referida presentación», tal como señaló el consejero que iban a hacer, la Fiscalía responde con un rotundo «nada más lejos de la realidad, ya que está contrastado que el 11 de octubre el propio Salvador Victoria presentó la denuncia ante la citada agencia, y lo que hizo fue «explicar el contenido de la denuncia y las peticiones que en ella se incluían»

Ahora todo está en manos de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la cual debe decidir si confirma el rechazo de la denuncia o estima el recurso.

La denuncia de la FAPA Giner de los Ríos contra el consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno regional llegó después de que éste demandara por injurias el «negocio» de la FAPA con la venta de las camisetas verdes. La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos reconoció, en diversos

e-mails a los que tuvo acceso LA RAZÓN, que vendía unas 1.700 prendas a la semana a cinco euros cada una a pesar de que ellos pagaban por cada prenda tres euros. Es decir, que según estos e-mails la FAPA se llevaba dos euros por prenda, que además no declaraba a Hacienda.