Los jueces recurrirán las nóminas de junio tras la bajada por el tijeretazo

Los jueces no piensan quedarse de brazos cruzados ante la bajada salarial impuesta por el Gobierno. Ni mucho menos. Para ello, tienen en mente la adopción de tres medidas esenciales. En primer lugar, recurrir ante los juzgados Contencioso-Administrativo las nóminas de junio, una vez las reciban, a partir del día 20, con el objetivo claro de que se pueda plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y, junto a ello, las asociaciones se plantean acudir al Defensor del Pueblo y a los Grupos Parlamentarios para hacerles partícipe de su malestar y de las consecuencias que puede suponer que se limiten a «cumplir escrupulosamente la ley», según confirmaron a LA RAZÒN fuentes jurídicas.Por otro lado, las cuatro asociaciones judiciales expresaron ayer su profundo malestar por las rebajas salariales impuestas por el Gobierno y de las consecuencias que ello puede tener para la Justicia. Y lo hicieron ante el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, y cinco vocales. El Consejo asumió el compromiso de «liderar» las reclamaciones de los jueces, y, además, ha pedido al Ejecutivo que no recorte las retribuciones –un 9,73 por ciento– a los jueces en práctica, quienes perciben poco más de mil euros, según señalaron fuentes de las asociaciones.El malestar por una descenso «arbitrario, desproporcionado y discriminatorio» fue algo en lo que hubo plena unanimidad de todas las asociaciones. Uno de los representantes judiciales definió la situación de forma explícita: «La moral de los jueces está por los suelos y una Carrera sin moral es incapaz de asumir los esfuerzos» que se pide a los jueces.Otro de los representantes definió la situación como de «extrema gravedad y un ataque a la independencia judicial en el aspecto más sensible, la independencia económica, y este ataque puede tener consecuencias en el funcionamiento de la Justicia en el próximo año si no se remedia esta situación». Además, reclamaron al CGPJ que asuma la reivindicación de una nueva Ley de Retribuciones y que esas competencias pasen a depender del Consejo.Por otro lado, los representantes de las asociaciones fiscales pedirán hoy al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, que se «implique» personalmente para defender sus reivindicaciones ante lo que consideran «un abuso».