Los directivos de entes públicos no cobrarán más de un año de «finiquito»

MADRID- El Gobierno ultima el informe encargado a todos los ministerios para hacer la poda en el entramado de organismos públicos empresariales. Pero en el proceso de elaboración del recorte se ha encontrado con una radiografía de contratos e indemnizaciones tan plural y, sobre todo, en algunos casos tan escandalosa, que en paralelo ha decidido preparar una regulación por ley de las condiciones laborales por las que se rige este sector para revisarlas a la baja. Los Ministerios más afectados son Fomento, Economía e Industria, y en los cajones se han encontrado casos de indemnizaciones que superan los 200.000 euros.

Ante esta situación, la primera decisión ha sido remitir, caso por caso, a la Abogacía del Estado para que examine los expedientes. Hay un informe del Consejo de Ministros, de 1993, que establece que las indemnizaciones generales para el supuesto de cese debían ser de doce mensualidades. Pero es una norma que no tiene carácter legal, sino puramente administrativo, y eso es lo que va a revisar el Ejecutivo para acabar con la actual discrecionalidad en las retribuciones en empresas públicas que dependen de la Administración General del Estado.
 
Ahora hay muchos tipos de contratos, y buena parte de ellos se ajustan al principio de que la indemnización pactada no supere las doce mensualidades. Pero, por ejemplo, también hay casos de contratos con una indemnización acordada de 45 días, lo que supone un buen montante cuando el directivo lleva muchos años «instalado» en la misma empresa pública. Lo que quiere el Gobierno es acabar con ese principio de que hecha la ley, hecha la trampa, «especialmente sangrante cuando afecta al dinero del contribuyente y en un momento de severos e impopulares ajustes en el gasto público».
 
Fuentes solventes confirmaron a LA RAZÓN que para conseguirlo llevarán al Consejo de Ministros un nuevo marco legal homologable para todos los organismos empresariales públicos, y en el que las indemnizaciones queden perfectamente tasadas: el debate está en si son doce o incluso menos. Además, quieren que esto vaya acompañado del citado contrato tipo, que homologue también las condiciones salariales. Es decir, sueldos y cláusulas de indemnización estándar.
 
Y para acabar de cerrar el círculo, sobre la mesa está también la posibilidad de gravar fiscalmente las indemnizaciones que, en cualquier caso, se lleven los directivos de empresas públicas, especialmente en el caso de que se trate de funcionarios que, al día siguiente de cobrarlas, reingresan en la Administración Pública.

Evidentemente, el Gobierno no puede aplicar este nuevo marco legal con carácter retroactivo, y tampoco puede imponerlo en el ámbito autonómico, que es donde reside el grueso del pastel empresarial público. No obstante, confía en que su ejemplo se extienda entre las demás Administraciones Públicas, entre comunidades, diputaciones y ayuntamientos. «Con la que está cayendo, presidentes autonómicos y alcaldes saben que sus ciudadanos no entenderán que no sean ellos los que primero dan ejemplo sobre cómo se ajustan el cinturón», explican en Moncloa.

Opacidad de salarios en organismos gubernamentales
Como si del mejor secreto se tratara, las empresas públicas se empeñan en dificultar la difusión de los sueldos de sus respectivos presidentes y miembros del Consejo de Administración. Sin obligación para informar de ello, la negativa a responder, por parte de empresas como ADIF o Renfe, a la pregunta de cuánto cobran su presidente o consejeros son constantes. Algunas, como AENA, directamente ni ofrecen contestación y se escudan en que no es obligatorio hacerlo. Tan sólo las empresas públicas que cotizan en Bolsa o reciben ayudas públicas –Enagás, Red Eléctrica y SEPI– informan de lo que cobran su presidente y sus consejeros. Del resto, hay que bucear en sus memorias anuales para encontrar cifras totales, aunque no hay datos sobre lo que perciben sus presidentes.