La Junta de Andalucía avaló un ERE con 31 intrusos en la base de Morón

El Ejecutivo de Griñán no detectó a quienes ya no estaban en la empresa

Valeriano Gómez se reunió ayer con Griñán para abordar el escándalo en las jubilaciones
Valeriano Gómez se reunió ayer con Griñán para abordar el escándalo en las jubilaciones

SEVILLA- El Gobierno andaluz se empeña en defender que los controles de la Junta de Andalucía funcionan a la hora de detectar los ERE irregulares, aunque la realidad es bien distinta. El PP exigió ayer al Ejecutivo de José Antonio Griñán que explique cómo no detectó el «fraude» en el Expediente de Regulación de Empleo que se tramitaba en la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), con 31 intrusos que no tenían contrato activo. Un caso más de la larga lista de procesos ilegales en el que están implicados destacados cargos del PSOE andaluz.

En concreto, la empresa Vinnell-Brown and Root pidió el pasado mes de octubre la tramitación de un ERE para despedir, con el visto bueno de CC OO y UGT, a 286 trabajadores. La plantilla estaba compuesta por un total de 594. El sindicato USO consideró «desproporcionado» el número de despidos y exigió una nueva ronda de negociaciones, que desembocó en la cifra final de 150. Ante las dudas, el sindicato solicitó una copia con los nombres y apellidos de los afectados, detectando ocho casos de antiguos empleados que no estaban en esos momentos en la empresa.

El mecanismo, por tanto, lo puso en marcha USO, una central minoritaria y con pocos recursos. Puso el caso en conocimiento de la Delegación Provincial de Empleo de la Junta, organismo que paralizó el ERE y reenvió el listado a la Inspección de Trabajo. Todos estos departamentos pasaron por alto las irregularidades desde un principio, tanto que la Inspección detectó luego un total de 31 personas que no deberían aparecer en la lista.

La Junta, no obstante, se limitó a borrar los 31 despidos fraudulentos y dar el visto bueno a los 119 restantes. De esta manera, se autorizó la extinción de estos contratos a partir del 17 de diciembre de 2010.

Se da la circunstancia de que el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y vicesecretario general del PSOE en el municipio sevillano, Francisco García, se benefició presuntamente del ERE. Poco después de dejar la dedicación exclusiva en el Consistorio volvió a la base y se incorporó al proceso, cobrando más de 100.000 euros.

Según el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, este caso «demuestra que no había control de la Junta» y que la Administración autonómica «avaló desde un principio un proceso fraudulento». «Es imprescindible que se abra una investigación porque la Junta ha permitido el saqueo y ha jugado con el dinero de los parados», aseguró.

Más imputados
De otro lado, el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Millán, ha sido imputado en el «caso Mercasevilla» por la licencia de ocupación que dio a la constructora Sando. Este caso es una rama más que investiga el juzgado junto a la trama de los expedientes laborales irregulares.


Trabajo, salpicado
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, admitió ayer en Sevilla que su departamento analizará los expedientes de regulación de empleo que cofinanció con la Junta de Andalucía, como los de Boliden, Tragsa, o la franja minera de Huelva. Todos ellos están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. El Gobierno abonó parte del dinero que pudo servir para que personas ajenas cobraran las pólizas de seguro.


Familiares implicados y cantidades «camufladas»
El cuñado de viera
- El secretario provincial del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, defendió la pasada semana la legalidad del ERE en el que se incluyó su cuñado. También aclaró que, durante su etapa como consejero de Empleo, la Junta de Andalucía no avaló ningún expediente irregular con fondos de la Administración autonómica.
Dinero «camuflado»
- La Junta de Andalucía transfería a entes instrumentales –primero el IFA y luego la agencia IDEA– el dinero de los ERE, «camuflados» como gastos de explotación. De esta manera se evitaba la fiscalización de las cantidades.
La Junta, informada
- Las consultoras y aseguradoras que actuaban de «mediadoras» en los ERE irregulares informaban a la Administración autonómica de todos los movimientos.