Bruselas apoya a Valcárcel en el recurso contra el «decretazo» de las fotovoltaicas

El consejero realizó estas declaraciones en referencia a la carta remitida al ministro de Industria, Miguel Sebastián, en la que la que los comisarios europeos de Energía y Acción sobre el Clima, Günther Oettinger y Connie Hedegaard, «reprochan al Gobierno central la aplicación de medidas retroactivas en la primas a la energía solar fotovoltaica».

Ambos comisarios, que firman de forma conjunta la misiva, exponen su «grave preocupación» y le recuerdan que «los países miembros se han comprometido a lograr el objetivo en 2020 de reducir un 20 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero y un porcentaje mínimo de energía procedente de fuentes renovables».

«En la carta hacen especial hincapié en la necesidad de que para alcanzar estos objetivos es crucial un clima de inversión estable, pero la inseguridad jurídica que crea el nuevo decreto es justo lo contrario», afirmó Marín. El texto de los dos comisarios indica que «no hay que olvidar que las consecuencias negativas para la confianza de las inversiones de los cambios retroactivos de condiciones económicas de un tipo de instalación renovable pueden extenderse y producir efectos similares en otros tipos de instalaciones y en otros países, lo que hará perder la confianza en la normativa nacional y europea». El presidente regional anunció la presentación el pasado 15 de febrero del recurso de inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 14/2010 que realizó el Gobierno español el pasado mes de diciembre y que incide de forma especial en la aplicación de medidas retroactivas que modifican sustancialmente el marco legal existente desde 2008. Entre los cambios más destacados se encuentran la limitación de las horas de producción, que no tienen en cuenta la zona climática de la instalación y que perjudica especialmente a comunidades como la Región de Murcia, con mayor capacidad de producción por su índice de radiación solar. Asimismo, se impone un peaje para cualquier productor.

El pasado viernes, el Consejo de Gobierno aprobó la presentación de este recurso que se basa en la discriminación y arbitrariedad de esta norma promulgada por el Gobierno central, así como en la vulneración de los artículos 9.3, 14, 86, 138 y 139 de la Constitución Española.