El Gobierno auditará a las autonomías y los ayuntamientos

MADRID– En la primera Conferencia de Presidentes de esta Legislatura las comunidades llegaron al acuerdo de mínimos de crear un grupo de trabajo para revisar las estructuras de todas las Administraciones Públicas y estudiar la mejor manera de reformarlas y simplificarlas para reducir gasto y burocracia. Ésta es una de las propuestas estrella con la que se presentó Rajoy a las elecciones y que hasta ahora se ha traducido en una reforma local para reordenar competencias entre comunidades y ayuntamientos y, sobre todo, adelgazar la estructura municipal, no suprimiendo corporaciones pero sí vaciándolas de competencias en favor de las Diputaciones en aquellos casos en los que por tamaño no pueden atender todos los servicios públicos que demanda la ciudadanía. Este plan está encallado por las diferencias con el PSOE y porque dentro del propio PP hay resistencias de aquellos que temen perder poder competencial y con ello poder político.

El Gobierno ha actuado en el ámbito de la Administración General del Estado –reducción de ministerios; reducción de empresas públicas con revisión de sueldos y salarios; alquiler de edificios…–, pero se le escapan las comunidades por falta de mecanismos para obligarlas a que los recortes afecten realmente a algunas «grasas» de sus estructuras. El ex presidente del Gobierno José María Aznar apuntaba esta semana como solución la reforma de la Constitución para cerrar así un modelo permanentemente abierto y en el que las distintas Administraciones están instaladas en la pugna constante por ver quién tiene más poder o más recursos. Pero Moncloa sigue su camino, que no es en ningún caso el de la reforma constitucional o el de la recentralización de competencias. Ayer, tomando el mandato de la Conferencia de Presidentes, el Consejo de Ministros dio luz verde a la creación de una comisión, adscrita al Ministerio de Hacienda que presidirá el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales. Con fecha tope del 30 de junio de 2013 esta comisión, dividida en cuatro subcomisiones, presentará una propuesta de «reforma integral» de las Administraciones Públicas, con el novedoso dato de que incluirá una auditoría de comunidades y ayuntamientos y, por tanto, se hará público lo que gastan autonomías hoy «rescatadas» en partidas como empresas públicas, institutos y fundaciones o embajadas. Ahí está el caso de Cataluña, que mantiene sus embajadas y otros gastos derivados de la política de construcción de una nación, mientras que aplica duros recortes sociales. No es el único caso, porque también hay otras comunidades que han tenido que acudir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y que siguen sin meter la tijera en importantes bolsas de gasto no productivo y con un fuerte componente político.

Sáenz de Santamaría defendió que el objetivo de esta iniciativa es ser «más eficientes» y explicó que los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta el dinero en un momento en el que los objetivos de reducción de déficit están obligando a hacer importantes ajustes presupuestarios. «El actual modelo, tal y como lo tenemos concebido, no es sostenible, también debe servir para los tiempos de crisis, y por eso hay que saber lo que las Administraciones hacen y con qué recursos, y ese trabajo hay que hacerlo todos juntos». En suma, el resultado debería ser un redimensionamiento de todas las Administraciones Públicas. «El objetivo es organizarnos mejor para ser más eficaces y utilizar mejor los recursos», insistió la vicepresidenta. Las cuatro subcomisiones estudiarán las duplicidades; la simplificación administrativa; la gestión de servicios y medios comunes; y la revisión de los organismos públicos.