Estrasburgo respalda la anulación de las candidaturas de ANV en 2007

La Corte Europea de Derechos Humanos volvió ayer a dar un golpe al «aparato político» de ETA. Los jueces del Tribunal de Estrasburgo respaldaron la decisión que tomó en su día la Justicia española al anular 133 candidaturas de Eusko Abertzale Ekintza- Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV), presentadas a las elecciones de mayo de 2007.

Candidatos de ANV
Candidatos de ANV

La Corte de Estrasburgo ya había desestimado, en junio de 2009, las demandas presentadas por Batasuna, entre otros, en las que la formación ilegalizada alegaba que esta prohibición respondía a una intención de prohibir toda manifestación de ideas separatistas. Ayer, los jueces europeos volvieron a rechazar este argumento, recordando que existen partidos de sesgo independentista en otros parlamentos autonómicos españoles, incluida la Cámara vasca.
Así, la sentencia apoya la acción de la Sala del 61 del Tribunal Supremo y coincide con su argumento de que las listas de estos partidos «pretendían asegurar la continuidad de las actividades de Batasuna y Herri Batasuna».

«Necesidad social imperiosa»
En junio de 2009, la Corte de Estrasburgo respaldó a España y desestimó el recurso interpuesto por Batasuna contra la ilegalización de la formación. En opinión del tribunal europeo, su prohibición respondía a una «necesidad social imperiosa», al tiempo que estimó que la ilegalización acordada por el Tribunal Supremo obedecía al objetivo de «mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos».

Según la sentencia hecha pública ayer, las candidaturas de ANV eran un «fraude», y su anulación fue «proporcionada al fin legítimo perseguido», al tiempo que «no atenta contra la libre expresión de la opinión del pueblo».

No obstante, hubo dos jueces, del total de siete que integran la cámara, que rompieron la unanimidad de la corte respecto a la libertad de expresión y la libertad de reunión: la jueza armenia Alvina Gyulumyan y la irlandesa Ann Power. La segunda se mostró en su voto particular favorable a que ANV hubiera podido concurrir a la cita electoral porque, de esta manera, argumenta, «habría permitido expresar sus aspiraciones e ideas de manera no violenta». Además, añade que «el hecho de que un Estado reduzca prácticamente al silencio a un partido no violento y legal mediante la anulación de la mayoría de sus listas electorales constituye una injerencia grave en la libertad de expresión de ese partido».

En plena tregua de ETA, la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclamaron al Supremo, en una polémica decisión, la anulación sólo de 133 de las 245 candidaturas de ANV, lo que permitió la presencia de la formación en los ayuntamientos. Casi año y medio después, rectificaron e instaron su ilegalización ante el Alto Tribunal, que la acordó por unanimidad en septiembre de 2008 al considerar que ANV estaba «instrumentalizada» por Batasuna-ETA.