Cajas: el reto de la despolitización

MADRID- A finales del pasado mes de enero y coincidiendo con la presentación de los resultados anuales de Caja Madrid, Rodrigo Rato salió en defensa de la gestión llevada a cabo en las cajas de ahorros, convertidas ahora en el punto de mira de todos los inversores por los excesos verbales del Gobierno y el Banco de España y sus continuos parches en el marco regulatorio del sistema financiero. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional aseguró que bancos y cajas de ahorros estaban en un situación muy parecida en cuanto a su exposición en el negocio inmobiliario, la morosidad o los préstamos al sector público. «No creo por tanto que los bancos hayan realizado una mejor gestión de sus riesgos ni que tengan un negocio más diversificado. Lo único que nos diferencia es la obra social».

Rodrigo Rato entró así en un debate que se ha convertido en perpetuo: ¿tiene sentido que las cajas de ahorros estén en buena parte de su órganos de Gobierno controladas por personas que han sido designadas en representación de corporaciones municipales y comunidades autónomas? La lógica dice que no. La reforma que el viernes aprobó el Consejo de Ministros va a más dirigida a tranquilizar a los mercados por la vía de unas mayores exigencias de solvencia que a resolver el problema de fondo.

Regreso a la actualidad
La politización de las cajas de ahorros es un tema viejo del que se lleva hablando desde hace una década al menos, aunque ha cobrado intensidad tras la intervención de Caja Castilla-La Mancha por parte del Banco de España el 29 de marzo de 2009 por tener un agujero patrimonial de 3.000 millones de euros. La decisión del instituto monetario vino precedida de la prohibición por parte de la Junta de Andalucía de una fusión entre Unicaja y la entidad castellano-manchega.

Pero, ¿tan fuerte es la politización en las cajas de ahorro? Al no tener accionistas, la representación de los intereses colectivos en los órganos de Gobierno de las cajas de ahorros se lleva a cabo mediante la participación de las corporaciones locales en cuyo término tengan abierta oficina, las comunidades autónomas, los impositores, los empleados y las entidades fundadoras.

De acuerdo con los datos de la última Memoria anual de la CECA, correspondiente al año 2009, los ayuntamientos y comunidades autónomas copaban el 33,10% de la representación de la asamblea general, que es el máximo órgano de gobierno y decisión de las cajas de ahorros y al que corresponde adoptar las decisiones más importantes que afectan a la entidad. Los impositores son el grupo más representado en las asambleas, con el 36,31% de media. El número de miembros de las asambleas oscila, según las cajas, entre 30 y 320, con una media de 133 representantes. Esto significa que ayuntamientos y comunidades autónomas pueden designar entre 10 y 100 representantes con tintes políticos.

En el caso de los consejos de administración, la representación baja ligerísimamente, hasta el 32,3%. Los consejos están compuestos por una media de 17 personas, oscilando entre un máximo de 30 y un mínimo de 7.

Las fusiones marcan
El primer intento de despolitizar las cajas vino de mano del PP, a través de la Ley Financiera, que redujo el peso político en los órganos de la entidad a un máximo del 50%. Fue un primer paso, pero no acabó con las injerencias. De hecho, las fusiones entre cajas de distintas comunidades autónomas se han convertido en una utopía hasta hace bien poco, lo que demuestra que los gobiernos autonómicos quieren seguir mandando en lo que consideran su brazo financiero: las cajas.

Zapatero y Rajoy pactaron el pasado año la reforma de las cajas de ahorros y su despolitización, pero la realidad ha reducido a un gesto la reunión de los dos políticos. La reforma que están llevando a cabo las cajas hace pensar que se está en el camino, pero que la meta está muy lejos. El que las primeras oleadas de fusiones hayan sido entre cajas de la misma región muestra hasta qué punto los gobiernos autonómicos están dispuestos a defender con uñas y dientes su representatividad.

Predicar con el ejemplo
- Caja Madrid ha hecho pública recientemente su memoria de gobierno corporativo en la que se recoge la composición de su órganos de gobierno, las retribuciones de los miembros de su consejo de administración y los créditos que tiene concedidos a los distintos partidos políticos.
- Según consta en la misma, a 31 de diciembre del pasado año, los créditos existentes en el balance de titularidad de grupos políticos con representación en la asamblea ascienden a 2.717 millones de euros, de los que corresponden 693,3 millones al PSOE y 2.023,5 a Izquierda Unida.