El Constitucional se inclina por dar luz verde a Sortu antes de julio

MADRID- Los once magistrados que integran el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) están dispuestos a dejar resuelto el recurso de Sortu –que recurrió en amparo la decisión de la Sala 61 del Tribunal Supremo (TS) de no permitir su inscripción en el Registro de Partidos Políticos– antes de que se produzca la renovación de tres de sus integrantes y se proceda, con más de cuatro años de retraso, a cubrir la vacante del fallecido Roberto García-Calvo.

Esta cuestión fue abordada ayer por el Alto Tribunal, que hoy continuará con la deliberación y mañana, previsiblemente, también. No obstante, no es fácil que esta semana se alcance un acuerdo definitivo, aunque parece que ya existe una mayoría conformada sobre la decisión final.
En este sentido, las fuentes consultadas por LA RAZÓN coincidieron en que Sortu tendrá vía libre para convertirse en un partido legal, y, por tanto, a concurrir a los comicios. Una mayoría de magistrados se muestran partidarios de respaldar la impugnación al acuerdo del Supremo, aunque el objetivo es «sumar el mayor número posible» de jueces que se sumen a esa resolución, para evitar la imagen de un TC tan dividido como en la sentencia que avaló a Bildu en mayo del pasado año. Esa polémica decisión del Alto Tribunal se adoptó con seis votos a favor y cinco en contra.

Marca de ETA según el TS
Los argumentos esgrimidos entonces por el Constitucional van a servir «de base» para la resolución que se dictará respecto a Sortu, cuya legalización es una de las principales reivindicaciones de la izquierda abertzale.

Si finalmente no se dicta la sentencia esta misma semana, la decisión podría darse a conocer a comienzos de la próxima (para ello debería habilitarse un Pleno extraordinario), horas antes de que el presidente de la institución, Pascual Sala, se desplace el miércoles en viaje oficial a México. De no ser así, el acuerdo podría cerrarse la primera semana de julio.

Las fuentes consultadas consideran que la decisión de la Audiencia Nacional de absolver a once candidatos de D3M y Askatasuna, las formaciones ilegalizadas por el Supremo, allana en cierta forma el camino a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Sortu.

El presumible aval a la formación abertzale enmendaría la plana al Tribunal Supremo, que el 23 de marzo de 2011 impidió a Sortu presentarse a las elecciones al considerarla heredera de la ilegalizada Batasuna. Por un estrecho margen de nueve votos a favor y siete en contra, y tras más de doce horas de deliberaciones, la Sala del 61 concluyó que Sortu era la marca de ETA para conseguir estar presente en las instituciones. En una decisión sin precedentes, tres magistrados firmaron votos particulares discrepantes del fallo.

Pero la formación recurrió en amparo al Constitucional el 18 de mayo del pasado año. Un año después, el TC podría darle la razón y legalizar a la formación despejando su horizonte electoral. No obstante, según las fuentes consultadas, la sentencia marcará claramente las pautas a las que deberá ceñirse la formación abertzale si no quiere ser ilegalizada en el futuro.
Tanto para la Fiscalía como para la Abogacía del Estado, Sortu está «dentro de la órbita» de ETA y su rechazo a la violencia de la banda terrorista era una mera operación cosmética para estar presente en las elecciones y no acredita en modo alguno la efectiva ruptura con la organización criminal.

Los argumentos que el TC esgrimió para dar vía libre a Bildu y permitirle concurrir a las urnas en los comicios municipales del 22 de mayo del pasado año servirán también ahora para apuntalar el aval a Sortu. En aquella ocasión, seis magistrados «progresistas» (incluido el presidente) permitieron sacar adelante la resolución. Otros cinco miembros del Pleno se opusieron, entre ellos el también «progresista» Manuel Aragón (elegido a propuesta del Gobierno de Zapatero), para quien la candidatura de Bildu respondía a un «plan preconcebido» del tándem ETA/Batasuna. Incluso añadía que la formación abertzale cumplió «al pie de la letra» las órdenes de los terroristas sobre el reparto de puestos en las listas electorales.

«Simple sospecha»
Pero los seis magistrados que avalaron la sentencia defendieron todo lo contrario. De hecho, reprocharon al Tribunal Supremo que impidiese concurrir a las elecciones a Bildu con una «simple sospecha» (se refería así a los informes policiales que denuncian sus vínculos con ETA). Ese control «preventivo», resaltaban, eran desproporcionado y ponía en riesgo el Estado constitucional.

Para el TC, además, los magistrados del Tribunal Supremo no valoraron en su justa medida la condena al terrorismo de los candidatos de Bildu. Su conclusión era contundente al insistir en que no existía prueba alguna que acreditase «la existencia de vínculos» entre ETA y Bildu.