Pumpido garantiza la «absoluta constitucionalidad» del decreto

Para ello, de acuerdo con el artículo 9 del Estatuto del Ministerio Fiscal, se incorporó, junto con el Abogado General del Estado, al Consejo de Ministros y aportó un informe en el que se desarrolla la percha legal del decreto. Por eso el fiscal general del Estado destacó a este diario que la militarización de los controladores aéreos se ajusta plenamente a la Carta Magna. Para justificar esta aseveración, el informe de Conde-Pumpido se basa en dos leyes orgánicas, la de Alarma y la del Código de Justicia Militar. Esta última norma establece en su artículo 8.5 la eventual militarización de la población civil si, previamente, se les moviliza. De ahí que el decreto aprobado el sábado pasado por el Consejo de Ministros hiciera especial hincapié a la «movilización» de los controladores aéreos. Por tanto, el fiscal general del Estado considera garantizada «absolutamente su constitucionalidad».

La prórroga
Otra cosa diferente será su prórroga. Juristas consultados por este periódico cuestionan que la misma se ajuste a la Carta Magna, al desaparecer el caso excepcional que provocó la declaración del Estado de Alarma. Mientras, Conde-Pumpido se limitó a recordar a este diario que su prórroga es una decisión que compete al Congreso de los Diputados, previa solicitud del Gobierno central. Por tanto, será el Ejecutivo quien deba evaluar si persiste o no esas circunstancias excepcionales, como son que un país quede incomunicado durante 24 horas por aire con el exterior.