Los bancos y financieras abren el grifo a la obra pública

La Conselleria de Infraestructuras ha conseguido constituir una mesa de contratación en la que están presentes los contratistas de obra pública, las entidades financieras y la Generalitat.
En este foro es en el que se han producido los primeros resultados. Los bancos han impuesto sus condiciones. La tasa de retorno de la inversión (TIR) ha de ser de dos dígitos, deberán conocer los balances de las empresas y lo fundamental, no quieren correr riesgos. Por ello, las infraestructuras para las que abran el crédito deberán tener cerradas las expropiaciones. Además, el modo de cobro no será en función de los usuarios que la utilicen. Recuperarán su inversión en base a una «tarifa técnica», que la Generalitat pagará durante largos periodos de tiempo.

En la práctica esto quiere decir que una constructora consigue la adjudicación de una carretera que la Generalitat ha propuesto construir. Un banco o entidad financiera- la intervención del Instituto Valenciano de Finanzas se prevé fundamental- proporciona el crédito, dinero que recupera con sus correspondientes intereses mediante una tarifa técnica que paga la Generalitat por mantener disponible la infraestructura. El conseller de Infraestructuras, Mario Flores, explicó que la Generalitat peleará para que el TIR no supere el diez por ciento y, sobre todo, deberá obtener el visto bueno de los organismos europeos correspondientes, para que estos proyectos no computen como deuda.

Incidió en que es fundamental la elección de las obras. Deben tener asegurada su rentabilidad, tanto económica como social. A los contratistas también les ha dado las claves. Es imprescindible que inicien procesos de internacionalización y de fusión en el sentido más amplio. Deben buscar negocio en el exterior y aliarse con empresas europeas, que ya tienen experiencia en estos modelos de financiación para cumplir los requisitos de los bancos.

Obras de todos los tamaños
El primer paquete de estudios de viabilidad que la Generalitat ha sacado a exposición pública para la concesión mediante sistemas de financiación público- privada, engloba ocho obras de diferente importe. En total, suman casi 30 millones de euros. Se trata de seis obras en las carreteras de Castellón, en los términos municipales de Peñíscola, Benicarló, Burriana, Vila-real y Ribesalbes, y dos terminales de transporte en Segorbe y Santa Pola.