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María Luisa Cava de Llano: «Hay que flexibilizar la ley antitabaco»

María Luisa Cava de Llano (Barcelona, 22 de mayo de 1948) llegó a la institución del Defensor del Pueblo en 2005 y asumió como interina el cargo dejado por el titular Enrique Múgica el 1 de junio del pasado año. La institución no se ha visto resentida, de hecho se tramitan más expedientes que nunca. Cava de Llano sólo piensa en seguir trabajando en favor de los ciudadanos.

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–¿Qué balance hace de su primer año en el cargo?
–Estoy muy satisfecha, el volumen de trabajo ha aumentado, lo que demuestra que esta casa está activa, y no sólo por el número de expedientes tramitados, cerca de 35.000, sino por la aceptación de nuestras resoluciones. Las administraciones han asumido el 80 por ciento de nuestras recomendaciones.

–¿Cuáles son las reclamaciones más habituales?
–Ha habido un aumento muy importante en todo lo relacionado con la actividad económica, sobre todo relacionadas con las entidades financieras. La Justicia continúa con sus males endémicos, ha aumentado la litigiosidad derivada de la crisis y sigue habiendo dilaciones y carencia de medios materiales. Me preocupa que para reducir las dilaciones se apruebe una ley de agilizacion en vez de incrementar los medios personales y materiales.

–¿Cómo valora el fenómeno de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual?
–España es un lugar de entrada a Europa desde África, lo que significa que las mafias operan de forma significativa. Nos preocupa mucho, porque son víctimas invisibles, con miedo a denunciar por las consecuencias nefastas que puedan sufrir sus familias. Muchas veces es muy difícil detectar los casos de trata porque se intenta evitar que se convierta en un coladero de mujeres que dicen ser víctimas para obtener beneficios. Otro de los problemas de la trata es que Policía y Guardia Civil necesitan una formación muy específica.

–¿Deben desaparecer los anuncios de contactos en la Prensa?
–La única solución a este asunto pasa por la erradicación. Felicito a LA RAZÓN por haberlos eliminado. La gente ha recibido la decisión con cariño y con admiración porque sabemos que supone renunciar a ingresos económicos en aras de la erradicación de estos anuncios. La solución pasa por la erradicación también de la televisión, donde en horarios de madrugada también se están emitiendo.

–Otro problema serio es la pornografía infantil...
–El bloqueo de las páginas pedófilas es necesario, pero existen problemas legales que lo impiden. Me preocupa el futuro de los jóvenes.

–¿La inmigración ha comenzado a verse como una amenaza en los últimos meses por la crisis económica y la inestabilidad política de África?
–No. La idea de que son culpables del colapso sanitario no es verdad. Un 13% de la población es inmigrante y sólo absorben un 6,8%. Es cierto que a nivel global ha empezado a haber problemas y algunos países han solicitado la suspensión del territorio Schengen, uno de los logros más importantes de la UE. Sólo en circunstancias muy excepcionales estaría de acuerdo con esta medida.

–¿Qué opina de las redadas sistemáticas contra los irregulares?
–La polémica Circular 1/2010, que fijaba cupos de detenidos, la hemos criticado mucho porque ha supuesto detenciones masivas de inmigrantes. Lo primero que hay que advertir es que si un inmigrante se identifica no puede ser detenido. Otra cosa es si no puede hacerlo. En ese caso sí puede ser trasladado a la comisaría, pero la Ley de Extranjería establece que si se encuentra en situación irregular hay que imponerle una sanción, no expulsarlo.

–¿Qué está fallando en la lucha contra la violencia de género?
–Falta de coordinación. Lo que no puede ser es que haya una orden de alejamiento en vigor y no se enteren en el lugar donde reside la víctima. No puedo afirmar que el Ejecutivo no se esté ocupando de la violencia de género, pero hay que mejorar la falta de coordinación.

–¿El ciudadano ha perdido su confianza en las instituciones?
–Existe un cierto desencanto, pero tienen que seguir confiando en ellas. En la vida pueden fallar muchas cosas, pero hay que saber que si las instituciones no responden a las responsabilidades que tienen contraidas sería todo muy anárquico. El desencanto y desilusion exigen un replanteamiento de la situación a las propias instituciones.

–¿Qué opina de que se califique a España como el país de las prohibiciones?
–Soy totalemente contraria a las prohibiciones. A los ciudadanos hay que informarlos y educarlos para que sean ellos los que decidan. Las prohibiciones son infantiles, pueriles y una forma de limitar la libertad del ser humano.

–¿Cómo valora la ley antitabaco?
–No he recurrido la ley porque hay dos bienes constitucionales en litigio: el derecho a la salud y el derecho a la libertad. Creo que entre ambos debe primar el primero. Me encantaría que se pudiera flexibilizar o suavizar porque hay personas que para adaptarse a la ley de 2005 hicieron un esfuerzo muy grande del que no se han podido resarcir.

Más quejas
Las reclamaciones de los ciudadanos ente el Defensor del Pueblo aumentaron un 56% en 2010. Muchas de las quejas son económicas: comisiones de bancos, impuestos y recortes salariales. En el ámbito social, la mayoría tienen relación con las diferencias autonómicas en el sistema sanitario: listas de espera o la ley de dependencia.