La juez amplía el «caso Mercasevilla» por las «graves anomalías contables»

SEVILLA- La investigación del «caso Mercasevilla» crece y, al mismo tiempo, deja al descubierto nuevas sospechas sobre la gestión y utilización del mercado central de abastos con intereses públicos o privados, pero siempre oscuros. La instructora Mercedes Alaya formalizó ayer el inicio de la tercera causa judicial en torno a este escándalo político y económico, imputando al ex gerente de la sociedad, Fernando Mellet, a su adjunto, Daniel Ponce, y a la directora económico-financiera, Pilar Giraldo, por presunto delito societario «en su doble modalidad» de falsedad en cuentas anuales, administración desleal y, en su caso, aprobación indebida, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales.Según el auto emitido ayer al que ha tenido acceso LA RAZÓN de Sevilla, la titular del juzgado de Instrucción número 6 amplía sus pesquisas admitiendo a trámite la querella de Mercasevilla y su fundación socioasistencial por delitos societarios, que en su día dejó sobreseída provisionalmente por la «total ausencia de justificación documental» y a la espera de la auditoría sobre la gestión de Mercasevilla en los últimos años.La juez reactiva esta querella porque tiene en sus manos la auditoría de estados financieros de la sociedad a 30 de abril de 2009 elaborada por Deloitte, toda vez que ya no puede esperar un informe global de gestión, descartado desde la dirección «por motivos que sólo ella conoce». Curiosamente, también acepta la magistrada en estos momentos la acción judicial de Mercasevilla gracias a la querella por delito societario planteada por el concejal y consejero del Partido Popular, Beltrán Pérez, más prolija en sus argumentaciones. Esta demanda se admite «parcialmente», ya que Alaya renuncia por ahora a imputar también al hoy gerente de la entidad, Juan Carlos Recio, a su ex presidente, Gonzalo Crespo, y a los patronos de la fundación, incluido el portavoz municipal de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos. No obstante, el auto reza expresamente que la instrucción podrá «extenderse a otras personas que aparecieran indiciariamente responsables».La juez no pierde el tiempo y en el mismo auto decreta la práctica de 21 diligencias con el objetivo de esclarecer las «graves anomalías contables» evidenciadas, sobre todo, por el informe de Deloitte y que, según sospecha, «pueden haberse realizado con la finalidad de alterar el resultado económico, reduciendo las pérdidas de la sociedad, y de mejorar en apariencia su situación financiera y patrimonial».Destaca el interés de la instructora por el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, considerado «fraudulento» por la oposición. Alaya reclama a Mercasevilla toda la información al respecto, al Banco Vitalicio, una copia de la póliza de seguro colectivo suscrito sobre las prejubilaciones, y a la Junta de Andalucía, aclaraciones sobre «la realidad del compromiso que haya podido asumir sobre el abono de parte de la prima única de dicha póliza», que ascendería a los nueve millones de euros pendientes en la empresa y que cuestionan su viabilidad.Además, la Policía Judicial tendrá que averiguar por qué una charla organizada en 2008 por el Foro Jurídico de la Fundación Mercasevilla «generó un doble gasto» –7.629 y 6.000 euros–, confirmando «quién impartió la conferencia y cuánto cobró». El ponente invitado en esa ocasión fue el juez Baltasar Garzón.

En busca de pruebas- Mercasevilla debe entregar al juzgado todos los documentos administrativos y contables del mandato de Mellet –de septiembre de 2002 a febrero de 2009– y la fundación desde su creación. La Policía hará un «informe de incidencias».- La instructora se dirige al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAS) del Ministerio de Economía y Hacienda para que realice una «prueba pericial económica» en base a a estudios de Deloitte y a las irregularidades detectadas, aclarando «por qué» la auditora habitual de la empresa, Price Waterhouse, no detectó problema alguno.- A Mellet se le piden datos de los pagos con la VISA de la sociedad de 2007 a 2009, y las facturas de los 11.417 euros empleados junto a Ponce en «gastos de viaje».- La Fundación Mercasevilla debe explicar por qué concedió una beca para estudiar en Londres a la hija del presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado. La Policía detallará los servicios de «asesoramiento y reembolso por compras de palés» prestados desde este colectivo por más de 108.000 euros.