Zoido exige al PSOE que aclare «a nombre de quién cuánto y a qué cuenta» ha ido a parar el dinero del ERE

La incógnita de la ecuación es clara: si el dimitido dirigente socialista que aparece como beneficiario de uno de los ERE de Mercasevilla sin trabajar nunca en la empresa, Antonio Garrido, asegura que no se ha beneficiado de los más de 112.000 euros que, según los documentos, debe haber cobrado, ¿qué ha pasado con esa cantidad? En el segundo supuesto fraude, la empresa de capital mixto asegura que Carmen Fontela no fue beneficiaria del acuerdo laboral suscrito con la Junta.

El alcalde y presidente de Mercasevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, al margen de las dudas que plantea el «caso Mercasevilla», se desentendió ayer de la nueva polémica que aqueja a la sociedad mixta. Así, en relación a Garrido, se limitó a expresar: «Ni tengo ni tenía idea de nada». El regidor recordó que su primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos –que ayer, de nuevo, rehusó hablar sobre el tema–, como vicepresidente del mercado central, se encarga de los pormenores de la empresa y, en todo caso, remitió a «la autoridad laboral», por la índole de la irregularidad.

El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía, Juan Ignacio Zoido, exigió al PSOE que aclare «a dónde ha ido el dinero» de las prejubilaciones de las dos personas incluidas en el ERE «que no estaban trabajando en Mercasevilla». El popular, que recordó que fue «un destacado militante socialista» quien promovió esos expedientes de regulación de empleo, con la «autorización» de la Consejería de Empleo de la Junta –que «dice que no sabe nada»– instó al PSOE a revelar «a quién, cuánto y a qué cuenta» ha ido a parar ese dinero y no limitarse a remitir a «que lo averigüe la juez». «Todavía queda mucho por descubrir en Mercasevilla», apuntó. El presidente del PP-A, Javier Arenas, exigió al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que «salga del escondite» y dé explicaciones del último «escándalo monumental» de Mercasevilla.

Menos contundente se mostró el senador y candidato del PSOE a la Alcaldía, Juan Espadas, que indicó que todo lo que surja de la investigación «será bueno en primer lugar para los que denunciaron, que fueron la Junta y el Ayuntamiento». «Hay un elemento claro, que es la colaboración» de las administraciones «desde el primer minuto», dijo.

En la misma línea, la secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, remitió a la Justicia, en caso de haber alguna ilegalidad. «Es la Justicia la que tiene que esclarecer lo que haya sucedido y con aquél que haya cometido alguna irregularidad o ilegalidad, que se actúe implacablemente», declaró.

El coordinador general de IU, Diego Valderas, anunció que su formación va a pedir responsabilidades políticas y transparencia en el Parlamento. Valderas quiere conocer el control del Gobierno andaluz sobre los ERE, tras estos hechos «escandalosos».

Desde los sindicatos, el secretario general de CC OO en Andalucía, Francisco Carbonero, indicó que estos casos se corrigen pidiendo responsabilidades «donde haya que pedirlas» y recordó que los trabajadores de Mercasevilla son víctimas y no artífices de este conflicto. El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, manifestó que estos «presuntos fraudes» hay que clarificarlos de manera «inmediata», con responsabilidades legales incluso. «Esto no se puede admitir, caiga quien caiga», subrayó.