MADRID- Cientos de personas salieron a manifestarse durante la madrugada de ayer en la sureña ciudad de Deraa. Protestaban, aunque en Siria está prohibido desde 1963, para pedir reformas políticas y sociales y sobre todo para exigir el fin del estado de emergencia, a través del cual se impuso el partido del padre del actual presidente, Bashar al Asad, el oficialista Baaz.

Los manifestantes habían organizado una «sentada» cerca de la mezquita de Omari. Según testigos consultados, antes del ataque de los soldados –también vestidos de paisano–, cortaron la luz y las líneas telefónicas, por lo que, asustados, corrieron a refugiarse a dicha mezquita. Algunos pudieron pedir auxilio, ya que, al estar tan cerca de la frontera con Jordania, sus móviles pudieron acceder a la red del país vecino, otros tuvieron que esperar hasta la mañana para contarlo, aunque con mucho miedo, a diversas organizaciones pro derechos humanos. Y al menos siete personas murieron en el centro religioso. Entre los fallecidos se encuentra el doctor Ghassan Ali al Mahamid, quien había acudido a la zona para atender a las víctimas.

A primera hora de la mañana, las autoridades sirias se limitaron a acusar a «bandas armadas de islamistas» de estar detrás de las protestas. Según Amnistía Internacional, las carreteras hacia Deraa fueron cerradas y la Policía se dedicó a recorrer casa por casa para detener a gente.

El Gobierno francés se apresuró a pedir a Siria que renuncie al uso excesivo de la fuerza y reclamó una «investigación transparente» sobre las muertes de civiles. El Elíseo exigió también al régimen que lidera con mano de hierro Al Asad que emprenda reformas políticas «cuanto antes». Lo cierto es que el Gobierno español tuvo la oportunidad de hacer lo mismo la semana pasada durante la visita de la ministra de Exteriores a Damasco. Trinidad Jiménez confesó a los periodistas que viajaron con ella que el presidente sirio, con el que se reunió durante una hora y media, le había causado una «buena impresión» y que confiaba en que su deseo de apertura era «sincero». Horas después de la marcha de Jiménez, el aparato represor del líder «reformista» se ponía en marcha y comenzaba la ola de detenciones e intimidación. En la tarde del martes, los hechos forzaron a Jiménez, como ocurriera antes en el caso marroquí, a condenar y «de manera enérgica y expresa» la acción del régimen. La jefa de la diplomacia recordó de todas formas el intercambio de impresiones «franco y abierto» con los líderes sirios.

Al cierre de esta edición, mientras Damasco permanecía tranquila, a 130 km, en Deraa, se celebraron los funerales de las víctimas de la madrugada. Pero lejos de escuchar los gritos de «Sois nuestros hermanos», la Policía abrió fuego contra las miles de personas que participaban en los sepelios. Los activistas hablaron de ocho muertos más y denunciaron nuevas detenciones. Un sirio, que prefiere guardar el anonimato por temor a represalias, confesó a LA RAZÓN desde Deraa que los fallecidos «ascendían a 150». «Mi hermano está herido. Fue la Policía. Disparaban desde los tejados a la cabeza y a los hombros. Hubo muchísima gente porque también habían venido de pueblos vecinos. Ahora, rodean los hospitales».