«Si el Ministerio no nos deja otra opción construiremos los Juzgados»

Valencia- El Consejo General del Poder Judicial dice que faltan 63 plazas judiciales en la Comunitat, pero el Consell ha rehusado construir quince Juzgados que estaban autorizados.
-Lo que faltan son jueces y no funcionarios. Un Juzgado tradicional es una estructura con juez y funcionarios, cuando lo que realmente son necesarios son los jueces. En la Comunitat Valenciana tradicionalmente faltan jueces, estamos por debajo de la media; pero estamos por encima de la media en número de funcionarios. En cuatro años hemos construido 59 Juzgados. Los quince que no se han construido en 2010 se estudiaron en verano de 2009 y se autorizaron el 31 de diciembre de 2010, con las medidas de austeridad y los recortes ya implantados. Nos resultaba imposible. Abrir los quince Juzgados supone un esfuerzo de 150 ó 170 funcionarios y un coste de más de ocho o nueve millones de euros, solo en infraestructuras. Por ello, le propusimos al Ministerio el nombramiento de quince jueces de adscripción territorial que están para resolver contingencias, y que ni siquiera dependen de nosotros, y no quiso. Quisimos también abrir Juzgados y reordenar el personal, pero jueces y funcionarios parecían remisos. Propusimos también el refuerzo de cinco jueces en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, donde llegan los recuros contra la Administración , por ejemplo de los proveedores, y nos dijeron que no había suficiente sobrecarga de trabajo, que solo era del 50 por ciento.En cualquier caso quiero dejar bien claro que en la Comunitat no vamos a renunciar a estos quince jueces que el Ministerio nos debe. Y si no nos permite crear los jueces de adscripción territorial, nosotros vamos a estudiar hasta la última posibilidad y vamos a intentar ver cómo podemos abrir estos juzgados, aunque sea de forma escalonada. Aunque creo que nos están obligando a realizar un gasto que no es adecuado, pero creemos que nuestros jueces necesitan el apoyo de más jueces. Pero pido tiempo para volver a analizar Juzgado por Juzgado.
De entrada me gustaría poder abrir, y no me comprometo a nada porque quiero ser serio, pero quiero ver si hay forma de abrir cuatro o cinco Juzgados de forma más o menos urgente, no lo sé si podrá ser; y fijar un calendario para el resto.

-¿La situación no pide a gritos la creación de la oficina judicial y la reordenación de la planta?
-Por supuesto. Pero no nos dejan reordenar la planta, que es algo que hemos pedido muchas Comunidades autónomas, pero no nos dejan. Y con ello no queremos llevar a los funcionarios de aquí para allá, pero una mínima reordenación... Estamos esperando a que la situación cambie y se puedan abrir esos nuevos Juzgados o irnos ya a la oficina judicial con su nueva estructura.

-¿Hay que cambiar el acceso a la Justicia gratuita?
-Todos las Comunidades autónomas estamos por la labor de la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Como derecho fundamental de todos los cuidadanos, tiene que existir, pero es necesario adoptar medidas de control. A veces se tramitan recursos de extranjeros que ya no están en España, o expedientes que entran por el turno de oficio de cuestiones absolutamente absurdas. Se debe controlar mucho, ver las rentas... hay que hacer una reforma realista para evitar el coladero que hay ahora.

-Una de las propuestas impopulares, pero que los jueces han barajado, es algún tipo de «copago», que la Justicia se evite juicios innecesarios y la tendencia a la judicialización de la vida social.
-Es una cuestión muy delicada. La Justicia no es un servicio público como la Sanidad, por la que pasa todo el mundo. A lo mejor solo tienes un pleito en tu vida. Y por ello la gente puede percibir que, si yo tengo un pleito en mi vida, ese pleito quiero que funcione bien, y que no me dure diez años, sino que me dure dos o tres.
No sé cuál es mi posición. Creo honestamente que todos los colectivos que están en la Justicia estarían por la labor de algún tipo de pago, que no solo recaudara, sino que redujera litigiosidad. Siempre respetando la asistencia jurídica gratuita. Hasta cierto punto no es novedad, porque el Gobierno hace poco estableció el famoso depósito para recurrir. Creo que ese debate hay que abrirlo, creo que ha de abrirlo el ministro, a nivel de política de Estado. Además, Justicia es una Administración barata, donde con poco dinero se hace mucho. Los pagos en Justicia creo que no tienen nada que ver con otros planteamientos que pueden ser más polémicos como sanidad o educación. Es un problema, una solución y unas cantidades distintas.

-Actualmente, ¿están al corriente de pagos en el turno de oficio?
-Estamos al corriente, con mucho sacrificio, pero volveremos a tener dificultades. Y es triste estar en esta situación.

-La informatización de los Juzgados está en una situación dramática.
- Aquí ha habido un problema de falta de Estado. Un Estado débil que ha permitido a cada Comunidad que actuemos como reinos de taifa estableciendo el sistema informático que le ha dado la gana. Y no se ha previsto la interconexión entre ellas. Y no quiero polarizar sobre nadie, pero creo que un Estado nunca debería haber permitido eso. Lo digo desde la perspectiva de conseller de una Comunidad Autónoma, pero con sentido de Estado.
Y la conexión entre Juzgado y Fiscalía es distinto. Estamos duplicando esfuerzos. Y aquí quiero romper una lanza por el Ministerio con el Lexnet (sistema de notificaciones que ha registrado fallos esta semana), hay que comprender, es normal, la forma de que no haya problemas es que no se haga nada, pero hay que implantar el sistema.

-¿Los gastos de funcionamiento de los Juzgados están asegurados?
-Estamos y vamos a estar durante una temporada en una situación de limitación presupuestaria, que determina una cierta precariedad, pero vamos a intentar que nos avisen con tiempo suficiente de las carencias, para evitar que ni un solo día no esté suministrado el sistema. Porque a veces nos enteramos de que falta papel en un Juzgado por el comunicado de un sindicato.

-Defíname el término imputado
-Las normas procesales ahora exigen que se nos defina qué es imputado. Honestamente ahora no puedo distinguir muchas veces querellado, imputado, acusado, procesado. Todos estos conceptos son difusos y han permitido que se utilicen interesadamente según se ha querido. Por ejemplo, cuando se admite a trámite una querella, que parece que se trate de un criminal ya condenado, cuando es un mecanismo casi automático. Estamos jugando con términos que conculcan el honor, la dignidad y el derecho de defensa de muchas personas de cara a la opinión pública.

-¿No le preocupa que haya imputados en el grupo que le sustenta en el Gobierno?
-A mi me preocupan las sentencias y ya está. Lo único que yo veo es que hay personas incursas en un procedimiento sin mayor trascendencia. No podemos prejuzgar porque causamos daño. Como conseller de Justicia hablaré pidiendo respeto a la Justicia, y que se deje trabajar a los jueces.
Y yo no me he pronunciado, pero ahora menos como conseller de Justicia, para valorar ningún asunto que lleven los Juzgados. Y sí que entraré fuerte, en la medida de mis posibilidades, cuando vea que se incumplen las propias normas procesales. A mí, como jurista, me parece que las filtraciones son una quiebra fundamental de la Administración de Justicia, porque es un daño no solo a la persona, sino a la propia Administración de Justicia.

-Pronostíqueme ¿qué va a pasar con Gúrtel?
-Si he dado la anterior respuesta, era en prevención de esta pregunta.

-Lo suponía, conseller.

DEPENDENCIA
«Estamos cumpliendo»
«En el último ejercicio hemos aumentado en 17.000 las prestaciones, lo que supone el 51 por ciento.El Estado ha disminuido su aportación en un 18 por ciento. Y en el reparto que hace el Ministerio de los recursos, creo, por decirlo suavemente, que la Comunitat no ha gozado de las simpatías del Ministerio. Por ello, la Comunitat está pagando entre el 70 y el 75 por ciento y el Gobierno entre el 20 y el 25 por ciento. Y en la medida de nuestras posibilidades vamos a seguir primando las prestaciones. Ahí no se puede parar. Esto no es como abrir o no un Juzgado».