Millán concedió la licencia en contra del PGOU

SEVILLA- El gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán, defendió la concesión de la licencia de ocupación a Sanma de los terrenos de Mercasevilla –por la que ha sido imputado– porque los informes previos de los técnicos así lo aconsejaban, pero ésta incumplió lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla de 2006, porque los trabajos de urbanización comenzaron «mucho antes» que los de edificación y, además, no se exigió la preceptiva fianza para ello.
El artículo 3.18 del PGOU afirma que para que sea concedida dicha licencia es necesario contar con «las condiciones de urbanización exigidas por el planeamiento que se ejecute, salvo que se garantice la ejecución simultánea de la urbanización», un requisito indispensable que no se cumplía en el caso del suelo del mercado central.
En el artículo 11.2.9, que versa sobre «la urbanización y edificación simultáneas en el suelo urbano no consolidado», recoge que puede autorizarse excepcionalmente la ejecución de obras de edificación simultáneas a las de urbanización en terrenos que no hayan adquirido la condición de solar. No obstante, exige como condición sine qua non «que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, en cuantía suficiente para garantizar la ejecución en su integridad de las obras de urbanización», algo que no fue reclamado en este caso.
Incluso la propia juez Mercedes Alaya hace hincapié en estas circunstancias en el auto, fechado el pasado día 15, en el que determina la inadmisión de las pruebas documentales solicitadas por Emilia Barrial, la subjefa de Licencias de la Gerencia de Urbanismo, también imputada.
Así, Alaya hace constar que «las obras de urbanización se habían iniciado mucho antes, supuesto inhabitual según el testimonio del director del departamento de obras de infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo». Del mismo modo, incide en que «no se exigió aval para su conclusión, lo cual era preceptivo» y en que el desarrollo de dichos trabajos «existió presuntamente una falta de control cuando se solicitaron las licencias de edificación».
De este modo, pierden consistencia los argumentos esgrimidos por Millán para exculparse de responsabilidad alguna tras su imputación, ya que alega que ratificó la concesión de la licencia de ocupación por imperativo legal, con todos los informes previos y como «constatación de que los servicios técnicos habían comprobado que las edificaciones habían sido ejecutadas».

El Gobierno local se remite a la explicación del gerente de Urbanismo
La nueva imputación de un miembro de la Gerencia de Urbanismo, en este caso del actual gerente, Miguel Ángel Millán, no mereció comentario alguno por parte del Gobierno local, quien se remitió a las explicaciones de autoexculpación que ya ha ofrecido el propio interesado. Mientras, el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, aseguró respetar la investigación judicial, por lo que renunció a comentar la noticia «para no interferir ni influir en el procedimiento que se está llevando a cabo».