Prueban la injerencia del príncipe de Gales en un concurso urbanístico

Según esos documentos, presentados al Alto Tribunal londinense, el heredero del trono llevó a cabo un cabildeo activo cerca de un teniente alcalde de Londres en contra del conocido arquitecto Richard Rogers, ganador de un concurso para la construcción de un complejo de apartamento en el barrio londinense de Chelsea.

Los documentos muestran que Carlos de Inglaterra expresó su oposición al proyecto a Sir Simon Milton, el funcionario del Ayuntamiento de Londres responsable de planificación urbana, antes de que los concejales del Ayuntamiento concedieran la necesaria licencia de construcción.

Esa revelación plantea al cuestión, dice el periódico, si el príncipe de Gales abusó de sus poderes constitucionales al utilizar su influencia para influir en un proceso urbanístico que debía decidirse democráticamente.

Sus colaboradores han reconocido antes en público que el príncipe criticó el plan de Rogers por no gustarle el tipo de construcción a base de cristal y acero y preferir edificios más tradicionales.

El primogénito de Isabel II expresó sus quejas a los miembros de la familia real qatarí, a la que pertenece la empresa Qatari Diar, dueña de los terrenos.

Diecinueve correos electrónicos intercambiados por directivos de esa empresa qatarí y presentados ahora al tribunal londinense que se ocupa del caso demuestran el impacto de la influencia de la intervención del príncipe de Gales.

En un primer momento, los ejecutivos de la empresa consideraron que había que hacer caso omiso de las objeciones de Carlos de Inglaterra al proyecto, pero luego decidieron cooperar por miedo a las posibles repercusiones políticas en el emirato.

La empresa qatarí terminó cediendo a las presiones de Carlos de Inglaterra y abandonó el proyecto inicial de Richard Rogers en favor de otro más afín a los gustos conservadores de aquél.

El caso ha terminado ante los tribunales al haber demandado el magnate del sector inmobiliario Christian Candy a su ex socio, la empresa qatarí, por el abandono de el plan Rogers.

Candy reclama a Qatari Diar 81 millones de libras (97,2 millones de euros), cantidad que habría ganado supuestamente de haberse aprobado el proyecto inicial.

Sus abogados argumentan que los qataríes violaron el contrato al retirar la solicitud de la licencia para construir por orden del emir mientras que Qatari Diar sostiene que se retiró sólo por razones de planificación y comerciales.

Los activistas a favor de la transparencia en la institución monárquica han aprovechado esas revelaciones para exigir que se hagan públicas todas las actividades de cabildeo del heredero del trono.