Caso ERE

La juez cree que los casos Mercasevilla y de los ERE son una «trama idéntica»

Ante el recurso presentado por el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet por la «indebida acumulación de actuaciones» llevadas a cabo por la juez Mercedes Alaya, ésta, a través de un auto fechado el pasado 5 de mayo, rechaza la demanda porque considera que los casos Mercasevilla y de los ERE fraudulentos constituyen una «trama idéntica».

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 A su juicio, existe una «absoluta identidad» en los hechos investigados, puesto que en ambos casos «estamos ante la misma situación ilícita de incluir en las pólizas de prejubilación a personas que nunca habían trabajado en la empresa afectada». La juez pone el acento en el «indiciario consentimiento de la Autoridad Laboral» y en la intervención, «en muchos casos, de las mismas aseguradoras y de los mismos intermediarios», caso de las empresas Vitalia y Uniter y del denominado «conseguidor», Juan Lanzas. Igualmente, considera «idéntico» en todos los casos el procedimiento de financiación pública de las pólizas.

Alaya cierra sus argumentos apelando a los principios de «economía procesal» y de «evitación del rompimiento de la causa» para defender la unión de ambos procedimientos. Se da la circunstancia, tal y como avanzó LA RAZÓN, de que Lanzas compartía negocios con Antonio Garrido Santoyo, el primer «intruso» detectado en Mercasevilla. Lanzas, de su lado, negoció presuntamente las comisiones ilegales que pidió la Junta a dos empresarios. Las conexiones entre los principales actores de la trama son evidentes.

En otro auto de la misma fecha, la juez rechaza el sobreseimiento de la causa para Mellet, ya que entiende que la petición es «improcedente» y «prematura», puesto que existen «serios indicios» de su implicación en los hechos. En este mismo auto, rechaza que la Inspección de Trabajo colabore en la investigación de los ERE. A su juicio, «para cruzar los datos de las personas incluidas en un ERE con las que aparecen como asegurados en una póliza, no es necesario ni la experiencia, ni la profesionalidad de tales funcionarios». Mientras el juzgado de Instrucción número 6 sigue cerrando el cerco, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, mostró ayer su apoyo al único ex consejero imputado hasta el momento en la causa, Antonio Fernández.

Griñán aseguró que confía «totalmente» en su inocencia. «¿Por qué no?», se preguntó después de que la juez ordenara a la Unidad de Policía Judicial que se centre en la investigación del patrimonio, no sólo del ex consejero, sino también del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; del ex director de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y de Lanzas, instando además a que esta investigación «se haga extensiva a sus cónyuges, padres de ambos, hijos de ambos y en su caso sus respectivos cónyuges y parejas, así como los hermanos, sus cónyuges y sus parejas».

Más de 3.000 prejubilados claman por el pago de sus pensiones
Unos 3.000 trabajadores andaluces afectados por expedientes de regulación de empleo, según fuentes sindicales, se concentraron ayer frente a la Consejería de Empleo para pedir el pago «inminente» de sus pensiones, que no reciben «desde hace ya cuatro meses» porque la investigación de los ERE fraudulentos se ha convertido en un «instrumento de enfrentamiento permanente» entre los partidos políticos y porque la Junta «ha paralizado los pagos a las aseguradoras y éstas a los trabajadores». De su lado, el Gobierno andaluz se apresuró en asegurar que la Junta «es la primera interesada en buscar una solución rápida y en el menor plazo posible» para solventar los pagos a los prejubilados.

El PP volverá a pedir una comisión de investigación
Los populares volverán a pedir en el Parlamento andaluz una comisión de investigación sobre el caso de los ERE irregulares, tal y como anunció ayer el presidente del PP-A, Javier Arenas, durante un acto electoral en su localidad natal, Olvera. Arenas insistió en conocer el «destino final y caprichoso» de los fondos utilizados y destacó la importancia de la «transparencia» en este caso. También censuró que se haya destinado dinero de los parados y de los trabajadores «a cuestiones que nada tienen que ver con el empleo y con el paro». «No sé si han cometido delitos, pero a dos presidentes de la Junta este caso les puede costar sus responsabilidades», subrayó. La Cámara ha venido rechazando sistemáticamente las peticiones del PP en este sentido.