El Gobierno da hoy el primer paso para reducir concejales

MADRID-El Consejo de Ministros analizará hoy un primer informe del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para reordenar las competencias entre comunidades y ayuntamientos y adelgazar así la administración territorial. Como ya se ha adelantado, esta modificación legal potenciará las Diputaciones, de tal manera que sean ellas las que gestionen y centralicen la prestación de servicios públicos de ayuntamientos pequeños y con pocos recursos. Habrá evaluaciones de calidad sobre las prestaciones municipales. En aquellas corporaciones locales que cedan sus competencias a las Diputaciones, se mantendrá la representación institucional, pero vaciada de poder y, por supuesto, de sueldos –en la mayoría de pueblos más pequeños el alcalde y sus concejales ya no cobran–.

El Gobierno ha estudiado la posibilidad de revisar a la baja la horquilla del número de concejales que en la actualidad fija la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en función de la población, una medida que no ha contado con el apoyo socialista. La mesa de negociación con el principal partido de la oposición se ha saldado sin acuerdo, una ruptura que el Ejecutivo ya veía venir, como anticipó este diario, después de que el PSOE pusiera encima de la mesa un documento alternativo. Ayer, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, escenificó su oposición al proyecto del Ejecutivo con el anuncio preventivo de que llevará ante el Tribunal Constitucional la modificación legal que todavía no ha pasado ni siquiera el filtro del Consejo de Ministros. El PSOE hará un plante en la Federación Española de Municipios y Provincias y luego presentará su propia alternativa en el Congreso, informa Ep.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se refirió ayer a esta Ley de Bases de Régimen Local durante su intervención en el campus FAES que preside José María Aznar. Según indicó la norma incluirá una «redefinición» de la estructura de la Administración local y del ejercicio de sus competencias e impulsará medidas para dar más transparencia, como dar a conocer la retribución de los concejales o baremos para fijar los sueldos de los alcaldes en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) según las características de los municipios. Además, Sáenz de Santamaría adelantó que el Ejecutivo va a abrir un sistema central de compras único de suministros para toda la Administración del Estado con un órgano que se encargará de celebrar los contratos y de obtener «precios razonables». Según dijo, algunos ministerios como el de Defensa ya lo han puesto en marcha en sus propios departamentos, lo que ha supuesto «grandes ahorros». También subrayó el plan de gestión de patrimonio inmobiliario del Estado que, renegociando alquileres y apostando por la reubicación, ha supuesto un ahorro de 17,5 millones de euros en cuatro meses. Por ello destacó que las reformas estructurales «no son una opción política sino una condición indispensable para acabar con los desequilibrios que vive España».

Intervenir las autonomías
En el marco de la austeridad, la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, advirtió a las comunidades autónomas de que si no cumplen con el objetivo marcado «Hacienda podrá enviar una delegación para controlar el déficit».
 No obstante, la vicepresidenta destacó el consenso alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para reducir la deuda, «un proceso de ajuste generalizado al que debe darse un nuevo impulso». Al igual que el Ejecutivo ha iniciado un proceso de reestructuración del sector público empresarial que culminará con la desaparición de 80 empresas y fundaciones públicas, defendió la necesidad de que también hagan lo mismo las comunidades autónomas y los ayuntamientos. «Tienen que hacer más con menos», subrayó.