Querella inoportuna por Antonio García-Pablos

No quisiera yo que esta breve columna se malinterpretase como si se tratara de un alegato encubierto y «cortesano» hacia nuestro modélico sistema financiero. Porque no lo es.
Confieso lo que, como ciudadano, me cuesta entender lo que sucede. Los teóricos y analistas de las finanzas hablan, por ejemplo, de bancos «buenos» (¡) y de bancos «malos» (éstos concentrarían los llamados «activos tóxicos»). Como «paciente» del sistema financiero –de nacimiento, por cierto, y obligado– yo sólo acertaría a distinguir entre bancos «malos», «menos malos» y «peores». Creo que no son necesarias muchas explicaciones.

Como jurista que siempre ha creído en la «lucha por el Derecho», me escandaliza el número vergonzante de embargos y desahucios del día a día (embargos y desahucios no de quien no quiere pagar sino de quien no puede hacerlo). Me impresionan los excesos inmorales de la «praxis hipotecaria» que sólo encuentra en la dación en pago y otras fórmulas tímidas un modesto correctivo a la angustiosa situación de los nuevos «siervos de la gleba» de nuestro siglo. Y no digamos ya de los préstamos bancarios, cuyas escrituras ruego al notario no me lea para evitar alteraciones en mi sistema neurovegetativo…

Me asombra, por ejemplo, la desfachatez con que entidades de renombre y solera en el sector comercializan productos financieros dirigidos específicamente a la tercera edad con engaño y mala fe. O cómo arruinan a modestos inversores con informaciones falsas que ocultan la realidad y maquinaciones impropias de bancos de la máxima solvencia de nuestro país. Y no hace falta que mencione a los dos a los que me refiero.

Y como lego en la materia, sigo sin entender cuántas inyecciones más de liquidez necesitaría nuestro saludable sistema financiero, de qué agujero estamos hablando y cuál es el coste y condiciones de tan privilegiada terapia. Pero cuando algunos expertos sostienen que aún así no hay garantías de que fluya el crédito, llego a la conclusión de que o los prestigiosos analistas saben menos de lo que nos hacen pensar… o que nos toman por ignorantes. Porque el crédito es como la gasolina del sistema sin gasolina.

Pero volvamos a Bankia. La querella de la diputada Rosa Díez, a quien personalmente estimo y admiro, pienso que tiene tres puntos débiles que la condenan al archivo.

1. La querellante actúa como diputada y líder de un partido político, por lo que persigue, como es lógico, objetivos legítimos de tal naturaleza (política). Sin embargo, el ámbito propio de actuación de un partido es el Parlamento, no la Justicia criminal. Tratar de capitalizar en los juzgados la justificadísima y generalizada indignación contra la gestión de una determinada entidad financiera es equivocar el escenario y las reglas de juego. No se trata de que «judicialice» la política (lo que caso a caso puede ser necesario), si no de que se pervierte el derecho del ciudadano de acudir a la Justicia penal y la función genuina que a ésta corresponde. Los tribunales de lo criminal no pueden convertirse en un sucedáneo del foro político y parlamentario porque no están para eso.

2. En una rápida lectura de la querella da la impresión de que ésta pretendía abrir una especie de juicio universal e indiscriminado contra todo aquel que haya podido tomar parte en la gestión de Bankia, por razón de su mera pertenencia los órganos de ésta, pero sin portar elementos de prueba sólidos e individualizados que justifiquen, caso a caso, las grandes imputaciones que vierte la querellante. Olvida ésta, creo yo, que en el Estado de Derecho que ampara nuestra Constitución sólo la participación probada del individuo en conductas y hechos previstos en la ley penal –hechos concretos, individualizados- puede generar, en su caso, responsabilidad criminal, sin que baste para incriminarle su genérica pertenencia a un órgano societario ni el estatus del mismo en el organigrama social.

Por otra parte, que la Audiencia Nacional cite a declarar a los querellados asistidos por sus abogados, no significa tampoco que convenzan la solidez de las imputaciones, sino que el propio juez vela por la plenitud del derecho de defensa permitiendo que los imputados se amparen en un estatus procesalmente más beneficioso.

3. Por último, en un momento delicadísimo, casi crítico, del sistema monetario, financiero y fiscal europeo (no sólo de la banca española) tratar de delincuentes y solicitar penas de cárcel para todos los gestores de Bankia (una de las principales entidades financieras españolas y la que presumiblemente requerirá ayudas más elevadas) cuestiona nuestro propio sistema financiero y, por fuerza, genera alarma, incertidumbre y escepticismo en los mercados y en los organismos llamados a aportar liquidez a nuestros bancos. La querella, por ello, me parece inoportuna e irresponsable.

Ni siquiera considero ahora imprescindible una investigación parlamentaria, cuando el Gobierno se enfrenta en soledad a una difícil negociación a varias bandas; negociación compleja, tensa y abierta porque nadie puede predecir ni controlar los intereses, variables y vicisitudes del escenario.

Creo, pues, que doña Rosa Díez debería seguir el ejemplo de nuestra Fiscalía General del Estado que, en silencio, pero con rigor, prudencia y profesionalidad, investiga desde hace meses, caso a caso, las prácticas de entidades financieras beneficiarias de fondos públicos, por si algunas de sus prácticas (blindajes, indemnizaciones millonarias vergonzantes, etc.) pudieran ser constitutivas de delito.

Antonio García-Pablos
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense