PSOE y PP encallan de nuevo en la renovación del Constitucional

El problema no es López, sino el reparto y el afán del PSOE por incluir otros órganos

Una vez más, PSOE y PP no han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre la renovación pendiente del TC en el último plazo «in extremis» que les había dado el presidente del Congreso, José Bono, después de que tres magistrados –Eugenio Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera– presentaran su dimisión al presidente del Alto Tribunal con el argumento de que habían cumplido con creces el mandato de 9 años para el que fueron nombrados, y que expiró en noviembre pasado. La crisis estalló en pleno diluvio de críticas contra el TC por su decisión de levantar el veto del Tribunal Supremo a la presencia de Bildu en las elecciones municipales. Al final, el único acuerdo con el que los dos principales partidos llegan al día, hoy, en el que vence el plazo, es el de que continuarán hablando en el futuro, sin la limitación del fin del periodo de sesiones. La negociación la está llevando personalmente el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y su interlocutor por parte del PP es el portavoz de Justicia, Federico Trillo.
Según la información que ha contrastado este periódico, el problema ya no estaría tanto en el nombre de Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al que el PSOE ha vetado desde que se inició la negociación, incluso después de que quedase anulada la razón técnica –alegada por el PSOE– de que López no había cumplido los quince años como jurista en ejercicio.
Ahora parece que Rubalcaba es más flexible a aceptar este nombre frente al «no» cerril del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y del portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso.
Pero por medio se han cruzado otros obstáculos. Uno de ellos es el deseo del PSOE de ampliar el acuerdo a otros órganos. Además del defensor del Pueblo, también está pendiente de renovación la composición del Tribunal de Cuentas: el mandato de sus doce consejeros venció en noviembre pasado, aunque actualmente son once sus componentes porque uno de ellos, Antonio de la Rosa, falleció en 2007 sin que fuera relevado.
Fórmula de «2-1-1»
De culminarse la renovación ahora, en vísperas de la campaña electoral, beneficiaría al PSOE; y si llegase después de las elecciones generales, en el supuesto de que gane el PP por mayoría, favorecería a este último partido. En cualquier caso sus miembros tienen que ser ratificados por tres quintos del Congreso, pero cambiaría la proporción.
Una vez que la candidatura de López parece que ya no es obstáculo insalvable, fuentes jurídicas coincidieron en señalar que el enquistamiento estaría más bien en el número de magistrados que correspondería «avalar» a cada partido, ya que el PSOE quiere una fórmula de «2-1-1», es decir, dos propuestos por los socialistas, uno por los populares y el cuarto sería de consenso, que iría a parar a un candidato avalado por CiU. Esta posibilidad permitirá a los nacionalistas catalanes mantener la representatividad en el TC.