La Comunidad medita recurrir al TC la Ley de Aguas por «trocear» las cuencas

El Gobierno regional estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto elaborado por el Gobierno de España por el que se modifica la Ley de Aguas «que descompone íntegramente el principio de unidad de cuenca», según trasladó ayer el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, al presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, José Manuel Claver, en una reunión mantenida durante la mañana de ayer.

José Manuel Claver expresó al responsable de Agricultura y Agua la preocupación e inquietud de los regantes ante la convalidación del Real Decreto por el que se reforma el texto de la Ley de Aguas. Cerdá destacó el compromiso del Gobierno regional para asumir la petición de los regantes y estudiar la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad. Según Cerdá, la modificación de esta ley «supondrá trocear las cuencas y poner en manos de algunas comunidades el control y vigilancia de los ríos», en el caso de Andalucía, Cataluña y Aragón, que incluyen en sus estatutos la competencia sobre las facultades de policía de Dominio Público Hidráulico.

El consejero de Agricultura y Agua rechazó que se modifiquen las reglas de planificación hidrológica y lamentó que no se haya escuchado a los usuarios, regantes, comunidades autónomas afectadas, al Consejo Asesor de Medio Ambiente, ni al Consejo Nacional del Agua. Cerdá recordó que varias sentencias del Tribunal Constitucional «invalidan las pretensiones de ciertas comunidades para hacerse con la gestión del agua» y advierten de que la planificación de los ríos «debe volver a las confederaciones hidrográficas», por lo que dijo «no entender el motivo por el que el Gobierno socialista intenta burlar lo que dicta la justicia».

El responsable autonómico de Agua indicó que esta «alteración» de la planificación hidráulica es «una más de las políticas de atajo que practica el Gobierno socialista», y añadió que «se ha hecho saltándose todo el trámite de consulta, al igual que ocurrió con la derogación del trasvase del Ebro».

El titular de Agricultura y Agua remarcó la necesidad de que «las cuencas se gestionen de una forma unitaria» y defendió «una visión única de Estado que resuelva de una vez por todas el problema nacional del agua». En opinión de Cerdá, la raíz del problema estriba en que el Gobierno no está ejecutando su deber de actuar como el órgano pertinente para gestionar el reparto del agua por el territorio español. Según el consejero de Agricultura está labor corresponde a las diferentes conferencias hidrográficas que representan al Ejecutivo central en sus respectivas demarcaciones. De no ser así, se incurre, de acuerdo con la visión del Gobierno regional, en una situación dislocada que no beneficia al conjunto español.