OPINIÓN: «Marcadores de riesgo»

Se ha solicitado la inscripción de un nuevo partido político denominado «Sortu». Aún cuando desconozco los detalles de la documentación presentada, es evidente que –aspirando a su registro– cumplirá con las exigencias formales establecidas en la Ley y no proclamará una vinculación a grupos terroristas o partidos ilegalizados, ni estará promovido por personas directamente vinculadas a ellos. Partiendo de esa oficialidad, si el Ministerio del Interior no ha procedido a su inscripción en veinte días, no puede ser por otro motivo que porque el Ministerio encuentre «indicios racionales en relación con la ilicitud penal del partido» y actúa en los términos previstos en el artículo 5.2 de la Ley de Partidos Políticos. Esa parece ser la situación en la que estamos. La forma en la que el partido se ha presentado, proyecta una serie de marcadores de riesgo que identifica toda la opinión pública y que han llevado al gobierno a adelantar que –por estas razones– eludirá tomar la decisión y planteará la cuestión ante los Tribunales.

Las sospechas que llevan al propio Gobierno a suspender la inscripción y la trascendencia democrática de la cuestión, obligan al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado a abordar un riguroso esfuerzo de investigación y aportar a los Tribunales todos los elementos de inferencia que puedan obtenerse. La información sobre los promotores y quienes concilian con ellos en la dinámica política que se inicia; un análisis del eventual paralelismo de su actuación con la de los que vulneran los principios democráticos; la estructura del partido que se pretende inscribir; su propuesta de financiación o sus objetivos políticos; son los elementos que nutrirían el proceso de decisión.

Una investigación superflua o inconsistente necesariamente encontrará la orden judicial de que prevalezcan los derechos políticos de inscripción, mientras que una investigación exitosa aportaría –en la eventualidad de que los Tribunales se pronuncien– los elementos precisos para tomar una fundada decisión sobre la voluntad real o simulada de participar en el juego democrático.